Sin duda que las obras de renovación de la fachada de la Casa de Gobierno anunciadas recientemente resultan de relevancia en pos del mantenimiento de las instalaciones hoy existentes. Sin embargo, resulta inevitable no pensar en lo que constituye un déficit en las obras de infraestructura oficial, sobre todo pensando, primeramente, en la antigüedad del edificio, proyectado desde los años 60 pero concretado recién con los representantes que el último período de gobiernos cívicos – militares desti
Sin duda que las obras de renovación de la fachada de la Casa de Gobierno anunciadas recientemente resultan de relevancia en pos del mantenimiento de las instalaciones hoy existentes. Sin embargo, resulta inevitable no pensar en lo que constituye un déficit en las obras de infraestructura oficial, sobre todo pensando, primeramente, en la antigüedad del edificio, proyectado desde los años 60 pero concretado recién con los representantes que el último período de gobiernos cívicos – militares destinaron a estos australes parajes, objeto de hondas preocupaciones por el carácter limítrofe y la hipótesis de conflicto que perduró hasta bien entrados los años 80, cuando Augusto Pinochet dejó el poder, pocos años después de la Consulta del gobierno de Raúl Alfonsín por la soberanía de las Islas Lennox, Nueva y Picton.
En segundo término, la explosión de ingresantes en la Administración Pública provincial como fuente prioritaria tendiente a paliar los efectos de la crisis económica que se dedicó a golpear a los sectores industrial (metalúrgico por ejemplo) y de servicios en la década de los 90 y principios del nuevo siglo de la mayor crisis socioeconómica de la historia con efectos aun mayores en Tierra del Fuego; con un megapase definido como tal por la gestión de Jorge Colazo y nunca modificada sustancialmente por los gobiernos sobrevinientes de Hugo Cóccaro y Fabiana Ríos; derivó en un cerecimiento exponencial de las partidas de gastos corrientes (pago de salarios y obligaciones previsionales no siempre cumplidas como se advierte por la acumulación sistemática de acreencias por parte del Instituto Provincial Autárquico de Seguridad Social), sino también en la percepciń generalizada de que la Casa de Gobierno “quedó chica”, significando sobrepoblación de oficinas, condiciones de salubridad poco acordes a la normativa en vigencia y un aprovechamiento lógico de los gremios con representación en el Estado para reclamar ítems y complementos que engrosan la boleta final pero no cambian el meollo del problema, que es la infraestructura que necesita una Administración para, valga la redundancia, administrar la cotidianidad de la gestión.
Que esto debe ser encarado por esta gestión o por la próxima no requiere de mucha fundamentación. Está a la vista de cualquier cudadano que debe concurrir a la Casa de Gobierno a realizar trámites el nivel de deterioro edilicio en que está sumido el que debería ser Palacio Oficial. Y el término Palacio no debe ser asimilado a una concepción de lujos y mueblería abarrotada de oro como comúnmente asociamos las oficinas producto de una política deliberada de hacer de los edficios de los Estados Nacionales en formación en los siglos XVIII y XIX un reflejo de lo que se pretendía para las sociedades cuyos gobiernos debían tener en más.
Eficientizar el funcionamiento de la Administración Pública y sus diversos engranajes es algo de lo que se habla mucho pero sin hacer tanto. Mientras la preocupación de quienes deben brindar un mejor servicio a través de una ventanilla o un escritorio pase, en los hechos, por ver cuándo se mejoran las condiciones edilicias a través de notas y pedidos ante las áreas pertinentes, el concepto mismo de servidor público no será el que haga del Estado un “mejor amigo” de los ciudadanos.