La Comisión Provincial de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CTA Autónoma repudia enérgicamente las declaraciones del Secretario de Discapacidad de la provincia, Dr. Carlos Cabrera, referidas al descuento del 5% del monto de las pensiones del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE) vigente a partir de la sanción de la Ley Nº 1072.
En el mismo sentido, hace expreso repudio a la permanencia de esta persona en la mencionada Secretaría dado el supino desconocimiento del área a su cargo y la escasa sensibilidad social que manifiesta, según se infiere de sus dichos y acciones.
En primer lugar no debería desconocer el funcionario que la discapacidad no es una elección, como tampoco lo es la vejez ni ninguna otra contingencia que coloque a las personas en situación desfavorable para procurarse su propio sustento. Tan es así que todas las sociedades han establecido instrumentos legales garantizando que el cuerpo social subsane solidariamente las desventajas que sufren algunos de sus miembros. Ese es el espíritu de la Ley Nº 389 de creación del RUPE. Por lo tanto las pensiones no son una ayuda económica, como expresa el funcionario, sino un derecho.
Quizás no lo sepa este señor pero ni el Gobierno anterior, ni el que está en funciones, han cumplido con la Ley Nº 389 y su modificatoria la Ley Nº712 que establece la manera de actualizar el monto de la pensión, ya que hace más de un año que el mismo se encuentra congelado en $11.080, a excepción, claro, de la correspondiente al mes de febrero de 2016 que ya tiene realizado el descuento del 5% y en algunos casos, del 10%.
En su insensibilidad e ignorancia afirma que, “que ellos hagan un aporte para usufructuar la obra social es un acto de justicia que los mejora, porque obliga a la obra social a cubrir el 100% de los gastos de su discapacidad”, demostrando una perversa concepción de la condición humana en la que renunciar o dejarse arrebatar un derecho los transforma en “mejores” ciudadanos y, en el colmo del desconocimiento, argumenta que “con ese aporte, la obra social estaría obligada a cumplir con el 100% de la demanda que tiene la persona con discapacidad”, sin tener en cuenta que dicha cobertura es un derecho establecido por Ley y que responde a convenciones nacionales e internacionales (Ley 24.901 de prestaciones básicas, Ley Nº 22.431 sistema de protección integral, Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su adhesión brindándole carácter constitucional, entre otras)
Debería explicar este funcionario cuál es el motivo por el que el “aporte” de un pensionado RUPE es 2% mayor que el de un trabajador activo de la administración pública y 1% mayor que el de un docente. Quizá nos sorprendería abrevando en la fuente de la Directora de IPAUSS Margarita Gallardo, quien sostiene que tal abuso responde a que “los discapacitados gastan más”. O podría, mejor, gestionar los recursos para que el estado provincial cancele la deuda millonaria que tiene con el Instituto en concepto de prestaciones asistenciales en vez de justificar el desfalco.
Una incógnita que debería develar es cómo garantizará, a través del descuento del 5%, que la burocracia del Estado y la del IPAUSS se destraben, y así el manoseo, las esperas interminables, y el deambular por los pasillos en busca de soluciones dejen de ser un suplicio que padecen a diario las personas con discapacidad. Otra, no menos intrigante, es cómo el descuento contribuiría a que el tiempo y esfuerzo necesarios para ordenar y actualizar la información referida al RUPE se optimizaran.
Cuando el funcionario aclara, “al hablar con propiedad, debemos decir que no es un descuento, sino un aporte del afiliado a su obra social, y es del 5% de su pensión. No confundir con los descuentos salariales a los estatales y jubilados”, no explica dónde está la diferencia. Los trabajadores estatales y jubilados hacemos “aportes solidarios” según dice el relato del Gobierno provincial.
Alguien está faltando a la verdad usando eufemismos
A esta grave situación se suma el hecho que, lejos de ir en contra del aparato burocrático que desalienta a la persona con discapacidad y a sus familias en hacer cumplir con sus derechos de manera efectiva, la nueva Secretaría ha tomado medidas que suman escollos y nuevos pasos burocráticos. De sus declaraciones se desprende que es responsabilidad de cada pensionado el hecho de comprobar que tiene otra obra social y solicitar así que no se le descuente el 5%.
Además, se ha incorporado como requisito para el cobro de pensiones, el certificado de supervivencia MENSUAL! Se le pide a menores, a personas con serios problemas de salud y de movilidad, que realicen este trámite mensualmente además de la presentación de la certificación negativa de ANSES.
En oportunidades anteriores, hemos presentado propuestas alternativas que son de fácil implementación, a saber: en caso de menores de edad escolarizados podrían cruzar datos con el Ministerio de Educación, en caso de gente con medicación crónica podrían hacer lo propio con la obra social o farmacia y de no alcanzar con esto, deberían disponer de trabajadores sociales que realicen visitas a los hogares para comprobar la supervivencia del pensionado, pero de ninguna manera deberían obligar a la persona con discapacidad a presentarse en la Dirección de Inclusión Social para que un empleado administrativo lo vea.
Una vez más comprobamos con perplejidad cuál es el lugar que este Gobierno y la Legislatura quieren darle a las personas con discapacidad, creando una Secretaría sin recursos económicos ni humanos calificados, que sólo disfraza la intención de relegar aún más a este sector de la sociedad.
Esta Comisión aboga por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y ante la embestida del poder político contra ellas, jubilados y trabajadores, decimos:
NI UN DERECHO MENOS EN TIERRA DEL FUEGO
Secretaría de Discapacidad. CTA Autónoma Tierra del Fuego.