El gasto educativo: infraestructura y salarios como variables mutuamente excluyentes

Este jueves 25 ha resultado sin dudas caótico en la ciudad de Ushuaia a raíz de las manifestaciones con cortes de diversas calles por parte de alumnos de los colegios Kloketén, José Martí, José María Sobral, EPET, Los Andes, Polivalente de Arte y Ernesto Sábato. Motivaciones básicamente dadas por la deficiente infraestructura de los establecimientos de gestión estatal con incluso el desprendimiento de un cielo raso de un aula del Colegio José Martí, fueron los disparadores de esta protesta que incluyó cruces verbales con automovilistas que propalaban sus quejas con los alumnos ubicados en cada corte.
Es evidente que el Estado fueguino ha sido descuidado y ha incurrido en el abandono de las políticas de mejoramiento edilicio, por lo cual protestas como las de hoy son de validez incontrastable. Pero así como constituye algo irreprochable el interés de los alumnos por la calidad cada vez peor de los edificios, también es sumamente cuestionable el método de reclamo por el que han optado. Y es que una sentada en el patio de un establecimiento no puede ser ni es comparable con un corte de calles que perjudica el derecho de libre tránsito que debieron sufrir los ushuaienses en horarios pico, ya que el foco horario ha sido alrededor del mediodía, coincidiendo con una de las franjas que mayor horario registra el tránsito vehicular. En esto debemos recordar lo que el sindicato docente argumenta a la hora de relativizar la capacidad del sistema educativo para enseñar ciertos conocimientos que son, a su entender, responsabilidad más de los padres que de los docentes, sobre todo en materia de contención social. Pero si bien esto es algo cierto, no podemos olvidar que ha sido el mismo gremio el que recientemente llevó adelante una protesta en reclamo de una recomposición salarial que incluyó la ocupación del edificio de Rentas de la Provincia, la agresión a una periodista que hacía la cobertura de una asamblea en el exterior del edificio del Ministerio de Trabajo, pasando la asamblea a ser considerada pública, excepto por quienes impidieron concretar su labor a la trabajadora de la comunicación social quien a pesar de las amenazas en que incurrieron laderos del dirigente Horacio Catena siguió grabando y registrando los instantes en que ello sucedía. Por otra parte, la Asociación de Taxis no dudó en dividir la ciudad en dos en reclamo de mayor seguridad cuando hubo el asesinato de un trabajador del volante. Más recientemente, la protesta de gremios municipales por la acción declarativa de certeza del Superior Tribunal de Justicia por la aplicación de la Ley 648 que finalmente terminó sacando recursos a los Municipios de Ushuaia y Río Grande, también significó ni más ni menos que el corte generalizado de calles, la falta de recolección de residuos y la protesta en pleno microcentro en una semana en que precisamente la afluencia de turistas  potenció la imagen negativa de Ushuaia ante los visitantes.
Que Ushuaia está adoptando en la protesta social los métodos que han puesto en jaque la capacidad misma de las instituciones para canalizar los reclamos de manera tal que las respuestas sean parte de un feedback permanente, es algo evidente. Resulta sin duda paradójico que las demandas de dos de los principales actores del sistema educativo, como son los docentes y los alumnos, transiten por carriles paralelos sin que se vislumbre una posible convergencia. Es hasta contradictorio que mientras un sector no reclame más que la recomposición salarial, el otro se dedique a priorizar la situación edilicia. El “José Martí”, institución de nivel medio de mayor antigüedad del Estado en Tierra del Fuego, padece los mismos problemas edilicios hace más de diez años. Sin ir más lejos, los inicios del Colegio “Ernesto Sábato” estaban asociados al traslado del “José Martí” para minimizar los riesgos del edificio sito en Fadul, entre San Martín y Maipú. La sobrecarga a que están sometidas las instalaciones por la sobrepoblación de personal docente, no docente y alumnado, debilita progresiva y sistemáticamente la estructura. El tránsito pesado que circula sobre la Avenida Maipú contribuye su parte, además de la presencia de un arroyo que ha sido entubado en los años 50, previo a la construcción del edificio, dejando su rastro en los cimientos hoy menos fuertes. Para ello no puede haber más viso de resolución si no es aumentando las partidas de gastos de infraestructura, notoriamente pobres cuando se advierte que alrededor del 90 por ciento del presupuesto educativo se destina al pago de salarios y obligaciones previsionales.
El problema está, perdura y se hace sentir cada vez más. Pero los reclamos y las prioridades de cada sector no parecen hoy poderse articular en una política educativa que mejore sustancialmente y sin exclusión la infraestructura edilicia y los salarios. Cualquiera de los dos alternativas hoy dejará lugar a que se reclame sobre la otra, por lo que  la perspectiva no puede ser positiva, salvo una inyección de recursos en un ciclo de crecimiento de la economía no observable en el mediano plazo.