Pese a las distancias, los parecidos entre el ex gobernador Jorge Colazo y la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, son notorios. Colazo, sometido a juicio político a fines de 2005 por retención de fondos coparticipables que debían girarse a los municipios y haber aprobado gastos con cargos a rendir por el monto de más de catorce millones de pesos; suspendido, luego restituído en su cargo para finalmente ser destituido, denunciaba haber sido desplazado por un grupo corporativo mafioso. La mandataria brasileña, en tanto, denuncia estar afrontando un golpe de Estado no tradicional, incluyendo en dicha modalidad a su propio vicepresidente, Michel Temer, quien ha sido señalado en uno de los escándalos que involucra al Partido de los Trabajadores (PT), como es el denominado petrolao y la operación lava jato, que alcanza potencialmente a ministros argentinos del pasado reciente, como Julio De Vido.
Denuncias contra su vicegobernador Hugo Cóccaro, a quien incluso acusó de intento de homicidio a través de un sicario; contra los intendentes de Ushuaia y Río Grande, Jorge Garramuño y Jorge Martin, respectivamente, quienes promovieron las denuncias por retención de fondos coparticipables; contra el abogado Alejandro De La Riva; contra medios de comunicación; entre otros; caracterizaron dos años de gestión abrumados por ministros renunciados sin su conocimiento y enterados por entrevistas radiales y un pase a planta permanente del Estado provincial de más de cinco mil personas, iniciando una escalada del déficit en las cuentas públicas que hasta hoy arrastramos. Años de dificultades en la convivencia institucional que fueron coronados por un juicio político que hicieron de Colazo el primer mandatario destituido en la historia fueguina, no exento de polémica. Identificarse con el gobierno nacional de Néstor Kirchner y jugando con el más fuerte por carecer de opciones en el escenario provincial, tal como se planteara en aquel momento desde la Juventud Radical a modo de justificación de las tropelías partidarias cometidas por el cuestionado mandatario; no sirvieron para que se lo expulsara del centenario partido y ser destituido para pasar al ostracismo y la lucha judicial por volver al ruedo político. Denunciar una conspiración sin responder las denuncias en su contra y sosteniendo que fue todo un proceso armado, fueron los principales puntos con los que intentó ensayar una defensa.
Rousseff hoy se encuentra en una situación similar. Acorralada por la operación Lava Jato impulsada por el fiscal Sergio Moro y la oposición del Congreso que la acusa de haber manipulado las cuentas públicas para disfrazar el déficit, recurre a diversos manotazos de ahogado. Designar a Luiz Inacio “Lula” Da Silva en el gabinete, sabiendo que, pese a estar acusado, obtiene de esa manera fueros que impiden que sea sometido a un proceso judicial; denunciar que el juicio político que puede practicársele constituye un mecanismo de elección indirecta por parte de quienes no tienen votos; o que ya estuvo presa tres años durante la dictadura militar y lo enfrentó con hidalguía, por lo que enfrentar un golpe de Estado no tradicional será con valentía y sin desalentarse; son señales de desconocimiento del texto constitucional. El artículo 85 incisos V y VI establece como delitos de responsabilidad los actos contra la probidad en la administración y la ley presupuestaria, respectivamente. A su vez, la Ley de Responsabilidad Fiscal, sancionada en 1998, establece la publicidad de las cuentas públicas en sus distintos niveles a partir de determinadas metas que deben ser cumplimentadas por los funcionarios encargados de la planificación y la ejecución presupuestaria. En consonancia con la consagración en el texto constitucional carioca (1988) de los principios de transparencia y eficiencia, la Ley de Responsabilidad se enmarca en dichos principios, por lo que su incumplimiento implica la posibilidad de sometimiento a un juicio político. Incluso fundadores del PT, como el jurista Hélio Bicudo, suscribió un pedido de impeachment justificándolo con que manipular la información para dar la impresión que la salud fiscal está bien, no es algo positivo.
Que se lleven a cabo procesos de impeachment contra mandatarios no significa que sus reemplazantes sean la llave al paraíso. Cóccaro, como sucesor de Colazo, profundizó la crisis fiscal, dejando a Fabiana Ríos un sumamente sombrío panorama que debió desactivar apenas inició su gestión que, dicho sea de paso, se adelantó casi 20 días por una incapacidad evidente de la administración de la crisis en que se encontraba sumida la Tierra del Fuego de 2007. Que este 2016 encuentre un Brasil con un vicepresidente como Temer en las puertas del Palacio de Planalto, no representa un paso hacia adelante, pues tanto él como algunos de los líderes de la oposición brasilera – caso de Eduardo Cunha- se encuentran implicados en la misma operación Lava Jato como así también en los recientemente difundidos Panamá Papers. Cambiar de manos el poder, sea por unos pocos meses o hasta finalizar el mandato de Rousseff, no constituye, con los nombres en cuestión, un período promisorio. De allí que no sean pocos quienes pidan procesos de juicio político o la renuncia lisa y llana de estos personajes de la política carioca.