Tras el ingreso del proyecto de modificación al régimen de Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), la legisladora y presidente de la comisión de Salud y Discapacidad, Liliana Martínez Allende, se mostró “sorprendida” por el no reconocimiento del trabajo legislativo que se realizó todo el año con las asociaciones y beneficiarios de este régimen. Dijo que esta cuestión le genera “incertidumbre” y que “es como echar por tierra el trabajo que se hizo en la Legislatura”.
“Los bloques minoritarios presentamos proyectos para avanzar en las situaciones que hoy dificultan a las personas con discapacidad, quienes reciben el beneficio de RUPE, bajo la Ley 389, nos encontramos con mucho trabajo realizado y nos queda por hacer”, recalcó la Parlamentaria radical. A su vez, que volvió a resaltar el compromiso inamovible que mantiene con la Comisión de salud, y en este aspecto con las organizaciones que integran RUPE.
Hemos tenido encuentros con las asociaciones de discapacidad, el observatorio y familiares de personas con discapacidad, trabajamos en dos proyectos, uno emanado desde el bloque del MPF y otro de nuestra autoría. La intención siempre, fue mejorar las prestaciones y la calidad de vida de quienes más lo necesitan”.
El proyecto plantea que las personas que accedan a una pensión por discapacidad (RUPE), deberán hacerlo ante la Comisión de Pensiones por Discapacidad, donde deberán cumplir con requisitos del orden nacional y de esta forma acceder al subsidio, que es mucho menor al que se otorga en la provincia mediante la Ley 389. El estado Provincial otorgaría una remuneración de dinero para alcanzar, a la categoría 10 PAyT del escalafón seco del Gobierno. Lo que también plantea es la incorporación a los beneficiarios de esta pensión al Plan Médico Obligatorio, lo que denota una disminución evidente de los servicios con los que hoy cuentan.
Martínez Allende reflexionó sobre la realidad de Tierra del Fuego en materia de salud, “la falta de profesionales médicos y especialidades con las que no cuenta la Provincia, esto nos preocupa porque buscamos durante todo el año avanzar en políticas de salud y beneficios para lograr mejor calidad de vida, y este trabajo hoy se ve desvalorizado con este tipo de acciones que en lugar de reforzar lo que se hace, es retroceder”.
La Legisladora recordó que participó de una reunión en Nación, junto al Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, con referentes de la Comisión Nacional de Pensiones, donde se abordó la problemática de la provincia, “de ese encuentro debían surgir convenios y acuerdos, ya que los requisitos que piden en Nación distan muchísimo de las que planteamos en nuestra Ley 389. Fue una primera reunión, de lo que esperábamos continuarlas”, subrayó.
“Planteamos la necesidad de contar con asistencia de la Nación, ya que, el presupuesto provincial es acotado, esto en pos de mejorar la calidad de vida y prestaciones, siempre pensando en avanzar y jamás en quitar beneficios”, refutó la Presidente de la comisión de Salud.
El Plan Médico Obligatorio al que deberían someterse los beneficiarios de pensiones especiales, cuenta solo con la cobertura en los hospitales públicos, lo que encarece a gran escala la atención médica de quienes requieren desde tratamientos específicos, hasta especialistas que se encuentran fuera de Tierra del Fuego.
Acerca del acompañamiento al proyecto que busca modificar las pensiones RUPE, “No hay posibilidades de que hoy pensemos en apoyar estos cambios, no había necesidad de presentar este tratamiento con carácter de urgente, es una falta de respeto a las personas que se asisten con este beneficio, como para todas las que trabajamos para mejorarlo”, manifestó.
Representa “ni más ni menos que la quita de derechos y beneficios a sectores que muchas veces estuvieron postergados y hoy están siendo tratados con cautela, responsabilidad y compromiso por la comisión de salud en la Legislatura”, sentenció Martínez Allende.
“Como presidente de la Comisión de Salud, le pido al Gobierno que retire el tratamiento urgente del asunto de RUPE, es un tema demasiado sensible para tratarlo sin el debido debate y tratamiento”,
“Tenemos el compromiso de sentar a todos los involucrados en la cuestión y poder avanzar, tuvimos un solo encuentro con Nación y de allí debíamos continuar trabajando, lo cual no se hizo. Queremos buscar las soluciones más adecuadas y acordes, pero no de esta forma, sin mediar conversaciones, sin haber siquiera, conocido al Secretario de Discapacidad y su opinión”, sentenció.
La presentación de tratamiento urgente, obliga a evaluar y discutir el proyecto en la Legislatura, de no hacerlo o no desecharlo, transcurridos los 30 días, se dan por aprobados, salvo los proyectos de presupuesto. En este caso la Legislatura podrá quitar el tratamiento de urgencia para que continúe el curso ordinario del trámite y tratamiento, siempre que se cuente con la mayoría Parlamentaria de la Comisión de Receso para hacerlo.