Para la Juventud Radical, el nuevo régimen de pensiones por discapacidad es inconstitucional y discriminatorio

Rosana Bertone, con su nuevo régimen de pensiones por discapacidad, pretende que, si alguien tiene una discapacidad y quiere estudiar, elija entre estudiar o percibir una ayuda. Si sale de la isla, no puede hacerlo sin certificado médico. La Constitución Nacional dice que se puede entrar, permanecer, transitar y salir del territorio. La Constitución Provincial dice que “Todas las personas en la Provincia gozan de los derechos y garantías que reconoce la Constitución Nacional”. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aclara que deben modificarse o derogar las leyes que supongan discriminación contra las personas con discapacidad. Pero la mandataria ignora todas estas leyes de manera indisimulada y obliga a que las personas con discapacidad tengan menos derechos o libertades que el resto. 

Representa una política anacrónica, discriminatoria, inconstitucional y excluyente. Ya el nazismo, en sus trágicos y vergonzosos años, aplicaba una política de exterminio contra quienes padecieran problemas físicos y/o mentales porque no estaban capacitados para trabajo alguno pero consumían recursos y esto era inadmisible para un país en guerra. El razonamiento que subyace en la política del Frente para la Victoria (FpV) es que, en una provincia en crisis por culpas siempre ajenas – porque nunca la responsabilidad es de quienes ya están en el gobierno hace más de un año sin resultados ni beneficios para la comunidad-, los discapacitados consumen recursos y si quieren estudiar o salir de la Provincia, no pueden percibir pensión ni ayuda de ningún tipo del Estado Provincial.  Desde la Juventud Radical estamos convencidos de la inconstitucionalidad de la Ley propuesta por el Ejecutivo y bregamos por una declaración en dicho sentido por parte de un Poder Judicial que no puede, de ninguna manera, negar las contradicciones con normas superiores. 

La discriminación hacia los menos beneficiados, formalizada con un proyecto de Bertone, imponiéndole innecesariamente un trámite de urgencia, no puede ser ignorada por quienes, incluso, tienen en sus bancas la desvergonzada capacidad de formar parte de comisiones legislativas como la de Salud.