El día lunes por la tarde se realizó en el Comité Ushuaia de la Unión Cívica Radical (UCR) una reunión con el objetivo de discutir y debatir el paquete de leyes enviado a la Legislatura provincial con carácter de urgente. El encuentro tuvo gran convocatoria, “lo que habla de una comunidad que necesita debatir, entender y dar a conocer su punto de vista”, interpretó el presidente del partido, Federico Sciurano. Tras la reunión se firmó un acta con las principales conclusiones del encuentro.
“El primer punto al que queremos llegar es que se le quite el tratamiento de urgencia a estos proyectos para que puedan darse los debates. Hay una herramienta que es el artículo 97 de la Constitución Provincial que dice que quienes pueden convocar a sesión extraordinaria son el ejecutivo, la comisión de receso o un tercio de la cámara, o sea 5 legisladores. Considero que los proyectos son todos pasibles de estudio y de debate”, manifestó Sciurano al comienzo de la reunión y continuó diciendo que “he hablado con Loffler, en representación de la bancada del MPF, y me ha hecho saber que está dispuesto a firmar la nota solicitando la sesión extraordinaria. Me da esperanza que si se logra esto que al menos se dé el debate”.
En el encuentro surgió seriamente la preocupación por la pertinencia del artículo 111 de la Constitución Provincial que permitiría el manejo del trámite de urgencia en determinadas ocasiones solamente en período de sesiones.
“Bajo ningún punto de vista quiero enervar el ánimo de nadie, si creo que tenemos que lograr la mínima discusión de esto en la Legislatura, y organizándonos podemos garantizar que efectivamente la sesión se lleve adelante, donde se quite el trámite de urgencia, y que si hay voluntad política se pueden generar los espacios en las distintas comisiones para debatir cada tema”, manifestó el referente radical.
A su turno, María José Pazos de la Comisión de Discapacidad de CTA, manifestó que “estuvimos en la Legislatura en la comisión 5 todo el año. Estamos indignados y nos parece una vergüenza el proyecto presentado porque no es lo que veníamos hablando. Lo que difunden es mentira. La pensión nacional es casi inaccesible y el cupo del 7% que tiene la Provincia ya está en el 6.8 %, lo que hace que casi será imposible acceder. Además deja cada vez más afuera todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, además sabemos del estado deficiente de la salud pública”.
Pazos lamentó la situación y dijo que “la pensión no es un lujo para la familia. Quien tiene hijos o familiares con discapacidad generalmente dedica sus horas al familiar a cargo”.
Por otro lado, Soledad Sosa, mamá integrante de una Red Nacional de Discapacidad e impulsora de distintas leyes sobre la problemática dijo que “no se garantiza una obra social. Esta presentación viola la convención de los derechos de las personas con discapacidad, no se puede presentar esto con tratamiento de urgencia”.
También estuvo presente Aníbal Torres, vocal de la OSTDF, manifestó que “estamos en contra del paquete de leyes. Con la 1070 y la 1071 y estas dos estructuras creadas, también prevén un cambio al sistema de salud y que se pierdan un montón de derechos ganados en salud en cuanto a las coberturas”.
“Este tratamiento de urgencia tiende a intervenir nuestra obra social y caja jubilatoria, estableciendo que ya no necesiten del quórum de los directores vocales para tomar las decisiones que quieran. Quieren eliminarnos para poder hacer lo que quieren hacer. En tres años va a haber un saqueo de las cajas”, lamentó Torres.
Representando al bloque de la UCR en la Legislatura, Carolina Osta aseguró que “el Estado tiene la obligación de asistir a las personas con vulnerabilidad, como en este caso las personas con discapacidad. Entendimos que hay estándares mínimos logrados por la Provincia de los cuales no se pueden bajar ni perder. Entendemos que hay que preservar los derechos de estas personas. La postura del Estado esta puesta en aquellos que han abusado del sistema, pero yo creo que no se puede legislar pensando en la excepción de quien abusó del sistema, sino protegiendo a la mayoría. Desde la Comisión 5 hemos trabajado con mucha responsabilidad y llegar a esta instancia es frustrante“.
Norma González, de la Secretaria General OTR, Delegada gremial y mamá de una hija con una enfermedad autoinmune dijo unas palabras afirmando que “me sumo a lo que se ha dicho respecto al mal uso del tratamiento de urgencia de estos proyectos de ley. Los chicos con discapacidad van a seguir naciendo y van a seguir viniendo a Tierra del Fuego en búsqueda de un futuro mejor. No hay que olvidarse de la justicia social”.
Alba Carrazana, jubilada, también quiso decir unas palabras y manifestó “integro un grupo de jubilados. Mi intención de venir acá es informarme para comentar con mi grupo y concientizar sobre la necesidad de la participación, esta es una ocasión para no quedarse en la casa, para salir a la calle.”
Jorge Pérez, empleado de Obras Sanitarias, se refirió a otro tema diciendo que “el proyecto que presentó el Ejecutivo para privatizar Obras Sanitarias nos preocupa que no se difunda la palabra del trabajador. Estamos en contra de la privatización. Es muy preocupante el antecedente que se va a marcar, es una práctica ilegitima.”
Finalmente un representante del Partido Social Patagónico (PSP) presente en la reunión agradeció “la invitación amplia a la comunidad. Coincidimos en la necesidad de quitar el carácter de urgente a estos proyectos. Nos preocupa el avasallamiento de derechos que se pretende llevar a cabo”.