En noviembre de 2015, ante la segunda vuelta electoral expresábamos nuestro rechazo a la opción de Cambiemos diciendo: “…entendemos que los fondos de los aportes a la ANSES deben ser administrados por el Estado y no por privados y porque es fundamental para el crecimiento del país y particularmente de nuestra Provincia, que no se libere el mercado de importaciones, de modo tal que gire la rentabilidad empresaria a rubros financieros y especuladores en detrimento del empleo y la inversión nacional”.
De igual modo sostuvimos: “El candidato de Cambiemos Mauricio Macri, promueve y sostiene criterios políticos que claramente nos ubican en veredas diferentes, y ese lugar distinto en el que nos encontramos, es confirmado en la historia reciente: la principal fuerza política que lo impulsa, ha sostenido una actitud permanente en el Congreso Nacional votando en contra del matrimonio igualitario, la asignación universal, la estatización de los fondos de las AFJP, la estatización de YPF y la ley de impuestos internos. También votaron en contra la recuperación de nuestra Aerolínea de bandera y plantean la discusión de coparticipación federal con un criterio de aporte de las jurisdicciones y no de necesidad de desarrollo de las mismas, privilegiando el lugar y las necesidades de Buenos Aires en desmedro del interior del país”. Lamentablemente no nos equivocamos y hoy nos encontramos con un país movilizado.
Trabajadoras y trabajadores asalariados, precarizados y desempleados somos golpeados por el revés de la ejecución de políticas públicas que enriquecen aún más a los más ricos. Con total desparpajo anuncian medidas que favorecen a los funcionarios y sus familias a nivel nacional, mientras que a nivel local los gastos del funcionariado aumentan sin cesar, como si la situación no mereciera el cuidado en la administración de los recursos. Resulta interesante la contradicción que encierran los discursos y los actos: cuando se trata de políticas públicas que impactan en mejora de calidad de vida de nuestro pueblo, el presupuesto debe ser austero; pero cuando se trata del propio funcionamiento sobre el círculo de poder, el discurso de racionalidad , desaparece.
El tanto el gobierno nacional como el provincial ha decidido ahorrar en políticas sociales, promoción industrial recorte de subsidios de tarifas, aumento del costo de los servicios públicos, reducción de programas de asistencias, salarios públicos, jubilaciones, recursos para educación, salud ciencia y tecnología. Sin embargo y al mismo tiempo prometen inversiones, entregan a manos privadas tierras fiscales, bajan las retenciones al campo y a la minería, abren las importaciones, intentan blanquear deudas de familiares y amigos, duplican viáticos dolarizados y la lista sigue.
En un notable juego de similitudes, y con la anuencia de la “oposición “legislativa ambos gobiernos se endeudan en tiempo presente y futuro comprometiendo a las próximas generaciones que nacerán endeudadas. Las consecuencias de las decisiones de los estadistas son la pérdida del salario real, la caída sostenida de los puestos de trabajo, la merma de la actividad industrial a favor de los importadores, la caída del consumo, el aumento de la pobreza y la indigencia y el derrumbe de todos los índices de calidad de vida.
El cambio proclamado al que muchos le creyeron y confiaron con su voto, hoy se convierte en signo de una realidad concreta en la que a duras penas se puede llegar a fin de mes, el salario mínimo no alcanza en una economía con una inflación incontenible, o la pérdida del empleo, o el temor a perderlo, nos rodea. Por eso desde nuestra fuerza política, convocamos, manifestamos y acompañamos, nos organizamos colectivamente para exigir respuestas, para denunciar cuando nuestros derechos se ponen en juego, para resistir la envestida de la restauración conservadora que viene por todos, excepto ellos.
Esa realidad que nos golpea a todos, de una u otra manera se convierte en potencia y salimos a la calle a manifestar nuestro grito diciendo "¡basta!".