Mientras el Gobierno presenta un Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia de Género, una joven de 19 años de la ciudad de Río Grande denuncia un intento de secuestro. Mientras el Protocolo sostiene que “ninguna mujer víctima de violencia de género puede irse del primer ámbito donde acudió en busca de ayuda sin ser oída personalmente, sin una respuesta oportuna, eficaz y de atención integral”, la joven que presentó la denuncia informa que en la Comisaría le tomaron el relato en una hoja sin las formalidades de cualquier presentación. Como si esto fuese poco, al finalizar la llevaron a su domicilio en un patrullero conducido por sólo un agente.
Mediáticamente la cobertura tuvo sus puntos débiles. Algunos medios hicieron énfasis en los "datos confusos" que la joven brindó, remarcando que se esperaban resultados de la revisación de las imágenes que las cámaras de seguridad del sector registraron. El comisario Raúl Bustamante, de la Comisaría que habría actuado por fuera de lo que indica incluso el sentido común -que va mucho más allá de cualquier Protocolo-, no mencionó haber revisado el accionar de sus subordinados, quienes debieran haber procedido con más cautela y un procedimiento acorde a la gravedad de lo mencionado.
El pasado fin de semana, en un incendio en la Margen Sur de la misma ciudad, dos hermanos de apenas 3 y 5 años de edad, fallecieron por las lesiones que les provocó el mismo. La autopsia practicada a la menor de 3 años mostró que había sido víctima de abuso sexual, tras lo cual se procedió a detener de manera preventiva al padre, al abuelo y al tío de los niños. En aproximadamente diez días se tendrán los resultados de ADN que establezcan la identidad del autor del abuso.
En un fin de semana, el Estado mostró sus peores carencias: ausencia de planificación urbana y de acceso a servicios en un sector como la Margen Sur que sufre carencias de diversa magnitud. Falta de una política de seguridad que termina victimizando a quien ya sufrió la violencia, minimizando sus detalles y actuando de manera reñida con los principios de un profesionalismo de las fuerzas de seguridad. Respuestas que llegan tardíamente, plasmadas en un Protocolo que debería ser traducido en capacitaciones para quienes deben ejecutar en el día a día lo que los avances normativos registran, ya que de lo contrario la existencia de nuevos procedimientos no redundan en un beneficio para las víctimas. El trabajo coordinado debe incluir a todos aquellos actores que pueden tomar parte de los avances: ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo, funcionarios del Poder Judicial, oficinas de los Municipios -de mayor cercanía diaria con los vecinos-, profesionales y técnicos.