La secretaria de discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Diana Román, efectuó un balance de la reunión de comisión 5 de la Legislatura realizada el pasado jueves, cuando fue citada la presidente de la Obra Social de la Provincia (OSPTDF), Margarita Gallardo, acompañada por el Secretario de Discapacidad, Jorge Rosetto. Román consideró que al plantear que los pensionados RUPE “tienen que estar agradecidos de por vida” por las prestaciones que reciben sin haber hecho aportes, pretende enfrentarlos con los afiliados.
“No se puede decir que la reunión fue positiva cuando gente con discapacidad o familiares tienen que exponer públicamente todas sus dificultades, su dolor, porque hay gente enferma y les niegan derivaciones, gente que tiene a su cuidado un familiar y les exigen que él haga los trámites para cumplir con la normativa. Es tan grave el daño que se hace, que cuando expone lo que pasa esta gente, no podemos decir que sea positivo”, expresó en declaraciones pronunciadas por Radio Provincia de la ciudad de Ushuaia.
No obstante, por la posibilidad de debatir estos temas señaló que “salimos conformes, porque Margarita Gallardo tuvo que admitir que no está solucionado el cobro del coseguro, a pesar de que sacó dos resoluciones eximiendo del pago a las personas con discapacidad”.
“Por los medios dijeron que hubo un problema informático que duró tres días, pero todavía se siguen cobrando los coseguros”, afirmó, lamentando que Gallardo minimice la situación. “Dice que se le reclamó por cuatro personas que pagaron un coseguro de 70 pesos, pero esos 70 pesos son por la consulta solamente. Después, si se le cobra lo mismo que a cualquier afiliado por otras prestaciones, pueden llegar a pagar hasta 800 pesos, por cómo aumentaron los coseguros. Además, no corresponde. Siguen diciendo que es un problema informático, y evidentemente la pone incómoda tener que ir a dar explicaciones a la Legislatura”, analizó.
Román sostuvo que, “con llevar fotocopia del padrón de beneficiarios con discapacidad a los prestadores, que son ocho hojas, ya está”, pero avizoró “otra cuestión de fondo, porque dice que nos quejamos por 70 pesos, con lo caras que son las personas con discapacidad, y da a entender que el resto de los afiliados le están bancando las prestaciones de salud”.
“Le pedimos que se abstenga de hacer ese tipo de declaraciones, porque ella sabe muy bien que esas prestaciones que solventa la obra social son porque no le reclama al gobierno que le pague lo que corresponde”, subrayó, dado que el gobierno debe reintegrar esos fondos de los pensionados RUPE a la institución.
“Ella oculta esto adrede, pretendiendo que los afiliados responsabilicen de los déficits de la obra social a los pensionados. Tiene que certificar lo que se gastó en cada tratamiento y pedirle al gobierno que lo pague. Eso no lo dice nunca y esto duele, porque están queriendo enfrentar a los discapacitados con el afiliado común”, señaló.
“Cada vez que se le piden explicaciones, se enoja, pero su argumento no se sostiene”, indicó. Ahora esperan los reintegros a los que pagaron coseguros, “que no es tan difícil: no son 1.400, son 1.200 personas, y el sistema informático le costó tres millones de pesos a la obra social. Si no lo pueden normalizar, que vuelvan a las fotocopias del padrón, para que el prestador sepa si corresponde o no el coseguro”, recomendó.
Finalmente recordó que “las personas con discapacidad son sujeto de derecho, no de asistencialismo, establecido en tratados internacionales. No se les puede recortar una pensión con un criterio asistencialista, porque lo necesita como un derecho”.