Como parte de una sesión maratónica, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó y giró al Senado el proyecto que establece un nuevo Régimen de Subrogancias para la Justicia Nacional y Federal, derogando la Ley 27.145. Fue por 164 votos afirmativos, contra 9 negativos y 2 abstenciones. La iniciativa, originalmente presentada por el Poder Ejecutivo como parte del programa “Justicia 2020” y modificada en la votación en particular, busca alcanzar una reglamentación que respete los procesos apropiados de designación y de remoción de jueces subrogantes, siguiendo estándares internacionales y conforme a la Constitución Nacional.
El diputado Diego Mestre, autor de uno de los proyectos en danza, dijo en el recinto que el objetivo es “tener una justicia más ágil y más objetiva”. Remarcó también que se han “escuchado a distintos actores del tema y destacados juristas”, quienes brindaron su punto de vista.
“Esta ley es absolutamente necesaria, necesitamos que los modos de cubrir las vacantes de los jueces concuerden con la Constitución, que no haya discrecionalidad y que se respete la división de poderes”, resumió el diputado de la UCR.
El Frente para la Victoria acompañó el texto en general pero propuso modificaciones en particular. “El proyecto no debe dar lugar a dudas: lo que está en juego es que la Casa Rosada elija los jueces a dedo”, cuestionó la diputada Emilia Soria.
Igualmente, desde el bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina, se mostraron de acuerdo con la reforma, pero realizaron observaciones a la hora del debate de la letra chica. El diputado Juan Fernando Brügge dijo que hay “200 situaciones de subrogancia” y reclamó por “un sistema que no tenga en cuenta los amiguismos, muy comunes en la justicia”.
El diputado Raúl Pérez, del mismo bloque, fue el encargado de proponer varias modificaciones en el tratamiento en particular. Fueron aceptadas y votadas por mayoría.
En otro orden temático, la Cámara de Diputados sancionó por 141 afirmativos, 4 negativos y 49 abstenciones, el Convenio sobre ciberdelito del Consejo de Europa, adoptado en Budapest el 23 de noviembre de 2001.
La iniciativa planea estandarizar las legislaciones nacionales y los protocolos y técnicas de investigación para impulsar la cooperación internacional en temas como las estafas informáticas. El texto también establece como delito la distribución de pornografía infantil, las infracciones vinculadas a la propiedad intelectual y los atentados contra la integridad del sistema.
La diputada Cornelia Schmidt-Liermann, de Unión PRO, defendió el texto y dijo que “la vuelta de la Argentina al mundo implica ser parte de la cooperación internacional en este Convenio”. “El ataque a la imagen y a la privacidad es un delito del que también debemos protegernos”, agregó.
Desde el radicalismo, Luis Petri dijo que “este Convenio contempla el derecho penal, procesal y, el que más nos importa, el de colaboración internacional”.
El Frente para la Victoria se abstuvo en la votación. “Queremos advertir que Brasil, China y Rusia no se incorporaron por no participar en la reunión, necesitamos que el tema sea regulado por un organismo multilateral como es la ONU”, explicó el diputado Guillermo Carmona.