En un comunicado difundido a principios de la semana, la CTA Autónoma de Tierra del Fuego sostuvo el repudio enfático al "retiro voluntario que intenta aplicar el Gobierno. Estamos a disposición en la Central para tomar las denuncias y asesorar a quienes sean empujados a tomar el retiro en un ambiente de hostigamiento y persecución. También podemos asesorar a quien desee tomarlo voluntariamente ya que implica un riesgo para el trabajador. Esta historia ya la vivimos en los 90 menemistas y consideramos que tiene la misma finalidad: ajustar y achicar el gasto público lo que genera desempleo y miseria".
Asimismo, expresaron que "la salida del puesto laboral le implica al trabajador la limitación de permanecer 7 años fuera de la administración pública; liquidándosele una suma no remunerativa que no contempla ítems como la asignación familiar; sin garantizar a los trabajadores más cercanos a la edad jubilatoria la posibilidad real de acogerse a ella. Por otra parte, nos encontramos hoy con una normativa muy similar al decreto 460 de la época de Manfredotti, que discrecionalmente se deshizo de los trabajadores que no eran afines a las políticas de turno, y con normativas confusas, propicio la ocupación de vacantes con gente de su sector, lejos del recorte propuesto.
El Gobierno Provincial, en el marco del Acuerdo Fiscal y a través de la Ley 1200 establece la posibilidad de que los trabajadores de la Administración Publica Provincial puedan adherirse al retiro voluntario, en paralelo a lo planteado a Nivel Nacional y en total sintonía con las condiciones de ajuste que establece el FMI en el Estado.
Desde la CTA, valoramos el trabajo en la Administración Pública, no es una tarea de relleno, como algunos quieren hacer creer, sino que cumple principalmente funciones relacionadas con los derechos de los ciudadanos".
Por último, consideraron que "el intento de la reducción del personal, es justamente recortar esos derechos. Estos últimos años vimos como iba disminuyendo la planta funcional de las instituciones más sensibles a la atención del pueblo, mientras que el aparato político iba incrementándose. Creemos que el problema no es la cantidad de trabajadores y trabajadoras en el Estado, sino los sectores repletos de punteros del gobierno ajustador de Bertone y Arcando. Este gobierno reproduce como calco las acciones de otros gobiernos que nos dejaron los peores recuerdos en materia de persecución y ajuste a los trabajadores".