Hoy, 26 de marzo de 2019, se cumple un año del avasallamiento institucional cometido por el Ministerio Educación de Tierra del Fuego a través de la intervención al Instituto de Formación Docente IPES Florentino Ameghino. Este escenario sigue preocupando a la comunidad educativa que ve dificultado el normal funcionamiento de la institución, a la vez que observa que el deterioro de la educación superior repercutirá en el sistema educativo fueguino en general.
La situación que atraviesa el instituto viola la Ley Provincial de Educación No. 1018, que en su Artículo 57 expresa que los institutos de formación docente tienen como funciones (entre otras):
– tender a una organización institucional y curricular participativa y dinámica;
– organizar el trabajo docente estructurado con una carga horaria para los procesos de enseñanza y aprendizaje, carga horaria específica para investigación, formación permanente y proyectos de articulación con organizaciones sociales.
Además, vulnera desde hace un año múltiples derechos a estudiantes y docentes. Los primeros se encuentran seriamente afectados en sus posibilidades de acceder a una educación de calidad, y a obtener sus títulos en tiempo y forma porque:
– hay materias que no se dictan, y mesas de exámenes desiertas por falta de profesores;
– corren el riesgo de recibir una educación de baja calidad ya que crece el número de profesores designados sin proceso de concurso público de antecedentes y oposición, mecanismo que otorgaría transparencia a la designación de los docentes garantizando la mejor oferta educativa posible;
– ven dilatadas sus trayectorias estudiantiles dadas las constantes demoras en las autorizaciones para cualquier proceso administrativo que la intervención gestiona: constancias de permanencia, permisos para rendir exámenes, procesos de concursos y designaciones de cargos docentes, etc.;
– sufren el éxodo más dramático de docentes calificados de toda la historia institucional.
Por su parte, los docentes:
– padecen la falta de estabilidad y la precarización laboral;
– no pueden cumplir con las funciones establecidas por ley para la formación docente: formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los recursos humanos del sistema;
– ven afectada la institucionalidad y la vida democrática al carecer de autoridades legítimamente elegidas como había ocurrido en la institución a lo largo de su extensa trayectoria.
Todo esto se está dando en franca contradicción con el espíritu de la Ley de Ministerios No. 1060 sancionada por el propio gobierno actual que establece en el Artículo 17, que le compete al Ministerio de Educación asistir en todo lo inherente a la Educación pública provincial de conformidad a los establecido por las normas federales y provinciales vigentes. En esta línea nos interesa destacar los incisos 11, 16 y 19 que indican que se deben:
– promover los derechos de los docentes y determinar sus obligaciones de acuerdo a la normativa vigente;
– garantizar la formación docente en forma continua en base a criterios de calidad, profesionalismo y pertinencia en todas sus funciones.
Además, y más grave aún, esta comunidad reitera el repudio a que el gobierno haya optado por actuar de hecho, interviniendo arbitrariamente una institución pública de educación superior ante la falta de fundamentos veraces para sustentar falsas acusaciones de irregularidad y malversación de fondos sobre las autoridades del Instituto. Consideramos de una gravedad escandalosa la disolución de hecho del Consejo Directivo, órgano colegiado de gobierno, cuya conformación democrática es representativa de toda la comunidad educativa. Por esa razón entendemos que se sigue erosionando la estructura democrática de la Institución atentando contra el propósito de la Ley de Educación Nacional 26.206 que en su artículo 124 sostiene que: “Los institutos de educación superior tendrán una gestión democrática a través de organismos colegiados, que favorezcan la participación de los/as docentes y de los/as estudiantes en el gobierno de la institución y mayores grados de decisión en el diseño e implementación de su proyecto institucional.”
De esta manera se afecta a toda la comunidad educativa y por ello a la comunidad fueguina a través del impacto que genera en el sistema educativo provincial.
¡La educación democrática está en ruinas!
¡La formación docente de calidad es garantía de mejora efectiva del sistema!!
¡Resguardemos la educación pública!
Comunidad educativa IPES “Florentino Ameghino”