El intendente de la ciudad de Río Grande, profesor Gustavo Melella, firmó el Decreto 187/19, mediante el cual se aplica el último acuerdo salarial alcanzado con los sindicatos municipales, estableciendo de esta manera una nueva escala salarial que entró en vigencia a partir de la segunda mitad de marzo del presente año. Entre la asignación por categoría y la aplicación del 100% de zona, el sueldo de un agente categoría 10 percibirá 28.496,24 pesos, en tanto que uno con categoría 19 recibe la suma de 28.769,50 pesos y la categoría 21 en la suma de 29.042,72 pesos.
En cuanto a las categorías superiores, un agente categoría 22 tiene un ingreso de 29.862,46 pesos; de la categoría 23 corresponde la suma de 30.135,68 pesos y en la máxima, que es la categoría 24, ingresos por 31.228,58 pesos.
Respecto al ítem “Antigüedad” quedó establecida de la siguiente manera: de 1 a 10 años en el cargo el 2,33% de los haberes; de 10 a 20 años en el cargo el 2,66% y aquellos agentes con antigüedad superior a los 20 años, el 3% de sus haberes.
Respecto al adicional “Recuperación Salarial”, que es de carácter remunerativo no bonificable del 20% de la asignación por categoría de revista más la zona, vigente a diciembre del año pasado; los montos asignados son los siguientes:
Categoría 10 la suma de 4.955,87 pesos;
Categoría 19 la suma de 5.003,39 pesos;
Categoría 21 la suma de 5.050,91 pesos;
Categoría 22 la suma de 5.193,47 pesos;
Categoría 23 la suma de 5.420,99 pesos; y
Categoría 24 la suma de 5.431,06 pesos.
Tal como lo establece el Decreto del Poder Ejecutivo, se invita a las autoridades del Concejo Deliberante, al Juzgado de Faltas y al Tribunal de Cuentas a adherir a la nueva escala salarial. Desde el Concejo, mediante Decreto 44/2019, el concejal Alejandro Nogar rubricó la adhesión, considerando que se “comparte la política salarial implementada por el Departamento Ejecutivo”.
En el Juzgado de Faltas, la adhesión se hizo mediante Decreto 27/2019, firmado por la jueza interina, Dora Ester Galeano, en cuyos fundamentos señala que “la histórica limitación financiera que padece este Tribunal, conforme los presupuestos aprobados por el órgano deliberativo no ha sido óbice para garantizar al personal del Tribunal una justa retribución”.