En virtud de una denuncia presentada por un particular, la Defensoría del Pueblo de la Nación inició una investigación ante el posible impacto ambiental del proyecto vial denominado “Apertura de traza, construcción de obras básicas, calzada enripiada y obras de arte - Corredor Canal Beagle”, y exhortó al Ejecutivo fueguino, a la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático y al Ministerio de Obras y Servicios Públicos “que extreme su evaluación, monitoreo, con la debida part
En virtud de una denuncia presentada por un particular, la Defensoría del Pueblo de la Nación inició una investigación ante el posible impacto ambiental del proyecto vial denominado “Apertura de traza, construcción de obras básicas, calzada enripiada y obras de arte – Corredor Canal Beagle”, y exhortó al Ejecutivo fueguino, a la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático y al Ministerio de Obras y Servicios Públicos “que extreme su evaluación, monitoreo, con la debida participación pública, habida cuenta las deficiencias detectadas en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), las instancias de participación ciudadana, el seguimiento y monitoreo, tal como lo determina el derecho convencional e interno vigente”.
De acuerdo a la información difundida por la misma Defensoría, entre las irregularidades detectadas a lo largo del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se destacan que “el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) presentado por la empresa no contiene una identificación de las coordenadas geográficas de la ruta, como tampoco de los obradores o de las canteras para la obtención de áridos”; “en el marco del EslA presentado por la empresa, no se identificaron y evaluaron los posibles impactos del proyecto sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico y tampoco se abordaron los impactos que podrían emanar de la apertura de canteras para la obtención de áridos”; “se llevó a cabo la audiencia pública donde la ciudadanía no tuvo acceso a la documentación completa del proyecto que le hubiese permitido participar y realizar observaciones luego de haber realizado un análisis integral y pormenorizado del proyecto”, por lo que concluye que “la falta de identificación y evaluación de los impactos ambiental y cultural en el marco del EslA presentado por la empresa lo descalifica como tal dado que no permite conocer en forma acabada los potenciales problemas que podría presentar la obra y las medidas previstas para evitarlos o reducirlos, distorsionando el sentido y función que tiene el EslA como instrumento de gestión ambiental preventiva del proceso administrativo de EIA”.
Por todo ello y “habida cuenta de las irregularidades detectadas a lo largo del procedimiento de EIA, corresponde recomendar a las autoridades locales competentes la adecuación del proyecto y obras en marcha de conformidad al derecho convencional e interno vigente”, finaliza el documento fechado el pasado viernes 18 de octubre y que lleva la firma de Juan José Bockel, Subsecretario General de la Defensoría del Pueblo de la Nación.