Con los votos de un ministro y un legislador del espacio político del Gobierno provincial, el Consejo de la Magistratura rechazó ayer el pedido de juicio político al juez de instrucción de Río Grande Raúl Sahade y al fiscal Pablo Candela, por las supuestas irregularidades en la investigación que involucra al intendente de Río Grande (hoy gobernador electo) Gustavo Melella por presunto “abuso sexual coactivo” de tres obreros de la construcción. Tanto Sahade como Candela fueron acusados el año pasado por los abogados de Buenos Aires Ramiro Hernán Rua y José Luis Ghioldi, debido a la supuesta “omisión de producción de pruebas”, “falta de protección de las víctimas” y “omisión de plazos”, entre otras conductas cometidas en la primera parte de la causa penal, todavía en trámite.
Candela, que además fue elegido juez de instrucción 3 de Río Grande, es el fiscal que desestimó la primera denuncia contra Melella por inexistencia de delito, lo que después motivó la intervención del fiscal mayor Guillermo Quadrini, que sí efectuó un requerimiento de instrucción. Por su parte Sahade es todavía el juez del caso pese a las reiteradas recusaciones presentadas en su contra por el abogado querellante Francisco Giménez, y que continúan sin ser resueltas en un hecho sin antecedentes en la historia judicial fueguina.
El Consejo le había solicitado al Superior Tribunal de Justicia que no le tomara juramento a Candela hasta que se resolviera la denuncia, a la vez que le había encomendado al presidente del organismo, el juez Gonzalo Sagastume, que emitiera el informe previo de la ley de jury, lo que finalmente hizo aunque sin adoptar un temperamento definitivo sobre qué curso debía tomar la investigación.
En la sesión llevada a cabo en la víspera, el Consejo retomó el caso y resolvió, por mayoría, el rechazo de la denuncia contra Sahade y Candela, aunque con posturas muy llamativas.
Por ejemplo, a favor del rechazo del jury votaron el ministro jefe de gabinete del gobierno provincial, Leonardo Gorbacz, y el legislador oficialista Federico Bilota. Desde el Ejecutivo siempre fueron críticos del accionar de Sahade y lo acusaron “en off” de frenar la investigación contra Melella. Sin embargo, ayer postularon que “las irregularidades deben ser analizadas en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia”, es decir, como si se tratara de faltas administrativas menores.
Por el contrario, el único consejero que votó a favor de propiciar el jury fue el legislador (y ahora senador electo) Pablo Blanco, de la UCR. De esta forma, por mayoría de votos (Bilota, Gorbacz, los abogados Oscar Suárez y Miguel Ángel Castro y Sagastume) el jury fue rechazado y se acordó “remitir el expediente al Superior Tribunal de Justicia a los efectos que estime corresponder”.
El Consejo de la Magistratura rechazó ayer otros dos pedidos de jury que estaban pendientes de resolución: uno a la jueza Correccional de Ushuaia Felicitas Maiztegui Marcó, y el otro a la fiscal de Río Grande Laura Urquiza. A Maiztegui Marcó la denunciaron dirigentes de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y del Partido Solidario de Tierra del Fuego. La jueza fue cuestionada por las manifestaciones expresadas en su cuenta de Twitter sobre la última dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. La magistrada, quien ya había sido noticia en oportunidades anteriores por sus opiniones políticas, negó en diferentes tweets la existencia de 30 mil desaparecidos y justificó el accionar de las fuerzas armadas al cumplirse, el pasado 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe de Estado del 76´.
El Consejo decidió ayer, también por mayoría, rechazar el pedido de jury, siguiendo el criterio del informe realizado por el presidente Sagastume. En este caso, el único que votó a favor de que la denuncia prosperara fue el ministro Gorbacz, quien en declaraciones oficiales explicó que, a su criterio, había elementos para indagar acerca de “las declaraciones preocupantes de la jueza”, ya que “se es juez en un estado de Derecho, y considero que en nuestro país, por la historia particular que tiene, el respeto a los derechos humanos y la defensa irrestricta de la Constitución, son requisitos fundamentales para desempeñarse como magistrado”, señaló. En cambio, Bilota, Blanco, Sagastume, Suárez y Castro votaron por el rechazo de la denuncia y por su remisión al Superior Tribunal “a los efectos que estime corresponder”. En relación a la fiscal Urquiza, protagonista de un escándalo judicial por haberse negado a recibir un expediente enviado por el juez Sahade, y por haber convocado a la policía para que detuviera al secretario del juzgado, Eduardo Tepedino, el presidente Sagastume ya había emitido un informe preliminar recomendando la continuidad del jury.
Sin embargo, el Consejo decidió ayer apartarse del criterio de presidencia y rechazar el jury. En este caso, Gorbacz citó un antecedente análogo y consideró que correspondería evaluar una sanción administrativa (y no un jury), lo que fue acompañado por Bilota, Blanco y Suárez. Fue así que se decidió el rechazo de la denuncia y su remisión al Superior Tribunal de Justicia.