Con el inicio de 2020 vencerá la ley que prorrogó la vigencia de la emergencia del Sistema de la Seguridad Social de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y con ello perderán efecto a partir del miércoles 1 de enero de 2020 la obligatoriedad que el Banco de la Provincia ponga a disposición del Poder Ejecutivo sus utilidades remanentes para cubrir déficit estacionales de la Caja de Jubilaciones; como así también el aporte adicional extraordinario del 5% que hasta la finalización de la emergencia deben realizar a la Caja los funcionarios que ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo y Legislativo, los ministros, secretarios de Estado, secretarios, subsecretarios y todo aquel activo o pasivo que tenga referenciado su haber con alguno de los cargos mencionados en la Administración Central, Organismos Autárquicos y Descentralizados; Autoridades de los Organismos de Control de la Provincia; legisladores y autoridades de Cámara del Poder Legislativo; titulares del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Departamentos Ejecutivos, Concejos Deliberantes, Juzgados de Faltas y Órganos de Control de los municipios de la Provincia, para colaborar con la sustentabilidad del sistema de jubilaciones y pensiones de la Provincia.
Además, a partir de esa fecha perderá efecto la obligación de que el Poder Ejecutivo asigne a la Caja de Previsión Social los bonos que se reciban de la Nación como compensación del 15% de la detracción de Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Es de tener en cuenta que la Ley 1.068, mediante la que se declaró la emergencia en enero de 2016 y la 1.190, mediante la que se la prorrogó hasta el 1 de enero de 2020, son de las normas que fueron tenidas en cuenta por la ANSES para asumir, a fines del mes pasado, el compromiso de transferir a la Provincia 144,7 millones de pesos para cubrir el déficit del sistema previsional fueguino, pero siempre y cuando los “cambios normativos en su legislación tendientes a sostener un sistema previsional equilibrado y sustentable en el tiempo” sigan vigentes, ya que en caso de incumplimiento de esos compromisos el organismo nacional queda facultado no sólo a suspender el pago de los anticipos, sino también a proceder al recupero de los monstro transferidos mediante la retención de fondos de la coparticipación federal de impuestos.
Si bien por el momento no hay confirmación oficial sobre si la gestión de Melella buscará sostener la declaración de emergencia previsional, resulta evidente que una decisión en tal sentido deberá será resuelta a la brevedad, para solicitar a la actual composición legislativa su tratamiento. Ello teniendo en cuenta que el plazo ordinario de sesiones finaliza el 15 de diciembre, dos días antes de la asunción de los legisladores electos.
En caso de que Melella entendiera necesario mantener la emergencia previsional, pero su intención fuera que la declaración fuera tratada por los legisladores que asumirán el martes 17 de diciembre, deberá convocar a una sesión extraordinaria antes que concluya este 2019.