Con el reinicio de la actividad parlamentaria provincial luego del receso invernal, se retomó el debate previsional en el marco de la Comisión de Seguimiento de la Situación del IPAUSS. Con ello, se vuelve a poner sobre la mesa la cantidad de proyectos que fueron presentados por el Poder Ejecutivo, los gremios y los puntos de vista de los distintos legisladores involucrados en la materia. Sin duda que ha sido el gran tema de la agenda en los últimos meses, y no parece que fuera a cambiar el panorama en los tiempos por venir.
El cambio de paradigma que en materia de políticas públicas atraviesa la Argentina desde la asunción de Néstor Kirchner en 2003 y la sucesión por parte de su esposa, Cristina Fernández, ha dado lugar a un cuestionamiento a diestra y siniestra de todas las políticas que fueron implementadas en años anteriores, no importa el grado de éxito ni las causas que derivaron en fracasos más o menos estrepitosos. Así, la creación de las AFJP fue objeto de duras críticas, primero dando la opción a los aportantes de elegir entre el sistema de reparto o el de capitalización, frente al cual el recuerdo vívido del uso político, abusivo y discrecional que los distintos gobiernos hicieron de la plata de los jubilados, dio a las AFJP ventaja para seguir acaparando la preferencia de los aportantes. Luego, con la crisis de caja que experimentó el Gobierno nacional se generó el interés por dar el manotazo a los fondos de las AFJP, para así poder destinar la plata de los aportantes –es decir, futuros jubilados-, a cubrir los crecientes déficit del Tesoro Nacional e implementar, por ejemplo, Fútbol para Todos, como si de Fútbol para Todos fueran a subsistir los futuros jubilados argentinos.
Lo cierto es que en la Argentina del siglo XXI se vuelve a apostar por los sistemas de reparto como si hubiesen funcionado en el pasado –y como si aun fuesen la panacea de los regímenes previsionales-. Sin embargo, no hay que investigar demasiado para observar cómo los sistemas jubilatorios están atravesando una crisis en el mundo occidental, como uno de los pilares del Estado Benefactor que dio lugar a los regímenes previsionales de Argentina y, por consecuencia, de Tierra del Fuego.
En esencia, los sistemas jubilatorios requieren de una masa de aportantes que pueda sostener los haberes de los pasivos actuales, debiendo existir una proporción específica (que puede ser de diez aportantes por cada jubilado) para poder mantener la sustentabilidad y evitar el quiebre en la capacidad de pago del Estado. El problema que se registra desde los años 60 y 70, es que los avances médicos, farmacológicos, el aumento en la tasa de longevidad y, sobre todo a partir de la década de los 80 y 90 con el avance del trabajo “en negro” o “precario” y sin aportes o con flexibilidad en los mismos; es la creciente incapacidad para hacer frente a la satisfacción del pago de las jubilaciones en el marco de los sistemas diseñados por burocracias que no previeron las actuales condiciones de las pirámides demográficas. De allí la crisis que hoy países como Italia, España, Francia, Grecia, están pasando, dan pie al cuestionamiento de los basamentos del Estado diseñado en la posguerra. No se propone más que reajustar dos de los presupuestos, tales como la edad jubilatoria y el nivel de aportes, de modo de poder sostener el actual sistema hasta, probablemente, la próxima crisis del Estado Benefactor.
En Tierra del Fuego, el Gobierno de Fabiana Ríos propone el aumento de la edad jubilatoria mediante la eliminación de los regímenes especiales –como el llamado “25 Inviernos”- y el incremento en los aportes hasta el 18 por ciento. Medidas que básicamente tienden a sostener el actual estado de situación son la respuesta del Estado frente a una crisis que viene de larga data. El IPAUSS –antes ISST-, es la reproducción a escala provincial de lo que ya pasó el sistema de jubilaciones del Estado en Argentina. Un sistema que sirvió a los intereses de gobernantes que buscaron hacerse de fondos frescos para poder cubrir déficit de caja, sostener un Estado elefantiásico con empresas ineficientes y proveedoras de servicio de calidad deplorable, pagar favores políticos o de empresarios amigos actuando de garantes de deudores morosos del fisco, cuyas deudas terminaron siendo cubiertas con la plata que los aportantes tuvieron que dar coactivamente a gobiernos irresponsables. Pocos sistemas han dado resultado: uno de ellos –quizá el paradigma de régimen de capitalización que sigue incuestionado, excepto por los dogmáticos de la fe en el Estado y las burocracias-, es el de las AFP en Chile, implementado en los años 80 y modificado por los gobiernos de la Concertación Democrática que sucedió al dictador Augusto Pinochet. Probablemente sea este el mejor ejemplo de política de Estado en función de resultados empíricamente comprobados y no sostenidos por creencias semi – religiosas. Hoy, en Tierra del Fuego, el futuro del régimen de jubilaciones y la sustentabilidad no está dada pura y exclusivamente por el Gobierno, sino por la capacidad de entendimiento racional y comprobado de los hechos lamentables que históricamente atravesaron los países europeos y latinoamericanos para con sus jubilados, eternamente declamados en los discursos oficiales y gremiales, pero igual o más vilipendiados y bastardeados por las políticas que “los defendían”.
Fuente: Shelknam Sur