El Ejecutivo provincial continúa manteniendo reuniones con diversos sectores respecto de los alcances del proyecto de ley para la Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y Social en la provincia de Tierra del Fuego. En primer término el propio gobernador Gustavo Melella mantuvo una reunión por videoconferencia con la comisión de la Intersindical Ushuaia, encuentro del que también tomó parte la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo.
Participaron del encuentro el secretario General de ATE, Carlos Córdoba; el secretario General de Camioneros, Daniel Capdevila; el secretario General de UTGHRA, Ramón “Moncho” Calderón y el secretario General de la UOM Ushuaia, Héctor Tapia.
En la misma se explicaron los alcances del proyecto de ley de emergencia así como se recibieron diferentes dudas planteadas por los representantes de los sectores y aportes para incluir a futuro.
Posteriormente el secretario de Representación Política del Gobierno, Federico Runín, mantuvo un encuentro con almaceneros y pequeños comerciantes, acompañado por equipo técnico del Banco Tierra del Fuego, del Ministerio de Finanzas Públicas y del Ministerio de la Producción y Ambiente. Estuvieron además el secretario de Enlace de Gestión, Federico Giménez; Verónica Portillo, secretaria de Integración Comunitaria; y el secretario de Coordinación Politica, Walter Garay.
En simultáneo en la capital provincial la Secretaría de Economía Social hizo lo propio con representantes de la actividad cooperativista de Tierra del Fuego, reunión de la que además tomaron parte los legisladores provinciales Mónica Acosta y Emanuel Trentino.
Cabe recordar que, a través de este proyecto de ley se creará el programa PROG.R.E.SO. con el que se destinarán 2 mil millones de pesos para capitalizar al BTF y para créditos no bancarios a través del Ministerio de la Producción y Ambiente.
También establece una carpeta de nuevos beneficios impositivos a través de la AREF con el fin de ampliar la asistencia a la actividad privada.
Además se establece el impulso a un nuevo menú de inversión en la obra pública como motorizador de la economía fueguina, apostando principalmente a la consolidación del sistema sanitario y productivo.