La ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, se refirió al programa de asistencia económica que el Gobierno provincial impulsa para acompañar al sector privado y afrontar la situación de crisis como consecuencia de la pandemia. Cabe recordar, que la ley de Emergencia se aprobó hace algunos días en la Legislatura y tiene como finalidad reactivar la economía local e impulsar el crecimiento y el desarrollo provincial.
En este sentido, la Ministra dijo que “la ley es clara cuando establece que el Ministerio atenderá a todos aquellos que no son sujetos de crédito en el sistema bancario formal, y esto ya de alguna forma está segmentando el universo de asistencia”.
“Estamos terminando de hacer los actos administrativos para generar los procedimientos para estas asistencias en función de las experiencias de los últimos 60 o 70 días, teniendo en cuenta la demanda que hemos tenido y las distintas situaciones que cada una de estas solicitudes presentaban”, continuó.
Asimismo, subrayó que “fueron días muy intensos en lo cuales los equipos trabajaron intensamente para encontrar las mejores soluciones para cada situación”.
Además, la funcionaria explicó que “la ley también establece que el Ministerio puede entregar subsidios, así que estamos terminando los procedimientos para ver qué documentación se solicitará para el trámite”.
Por otro lado, comentó que “las líneas mantienen las tasas bajas que hemos tenido hasta ahora. Estamos viendo algún tipo de línea más especifica para los sectores que van a tardar más en recuperarse y que sabemos que van a sufrir una dilación importante en la vuelta a la actividad” e insistió: “seguramente en la semana tendremos todo delineado para socializarlo y empezar a recibir las solicitudes”.
Finalmente, con relación al esfuerzo que se está empleando para asistir al sector privado, Castiglione consideró que “realmente uno tiene que pensar en llegar a la gente con lo que realmente necesita” y siguió: “si se genera un producto crediticio que no se ajusta a la necesidad de los sujetos de crédito, después lo tienen que devolver, esto necesita una garantía y si no pueden pagar se ejecuta esa garantía. Eso no es solución para nadie. Al Estado no le interesa ejecutar ninguna garantía, sino que a las empresas les vaya bien”.