La titular de la cartera de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo explicó que “hemos llegado a esta instancia tras un proceso silencioso de trabajo e investigación, con información aportada por los órganos que tienen que tomar intervención como es el Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP) -que es quien fiscaliza las contrataciones del Estado-, y con esa información la indicación del cuerpo de abogados del Gobierno que nos señaló que realicemos la denuncia penal ante la justicia”.
Cabe recordar que la denuncia se dio, tras corroborar el pago de dos millones de pesos a la empresa Ingeniería 65 S.R.L., por la adquisición de material que nunca fue entregado.
Consultada sobre la existencia de un remito firmado, la Ministra explicó claramente que “los materiales no están en la DPE y se llega a esta instancia porque se ha corroborado eso”, con lo cual “no deja de ser menos grave si alguien firmó un remito recibido para que se efectúe el pago y que no estén los elementos. El pago se debe efectuar en la certeza que los materiales ingresaron y esto no fue así”.
En esta línea Castillo dijo que hay dos acciones de investigación, una administrativa que está en curso y una presentación en la justicia penal realizada el viernes pasado a través de la Fiscalía. “Será la sumariante (en la vía administrativa) y la justicia, quienes determinen quiénes son las personas involucradas y responsables de esta situación, y que desde la gestión presumimos irregular, avalado por los informes del TCP y por indicación de la Secretaria Legal y Técnica de la gobernación” detalló.
“Estamos cumpliendo con la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos, de acercar a la justicia una situación donde advertimos una presunta comisión de delito e irregularidad, y será la justicia quien determine la responsabilidad en cada uno de los puntos de la marcha del expediente” finalizó.