La Ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, desmintió distintas versiones respecto a la situación de los trabajadores del sector de Servicios Generales. Reiteró la intención de buscar un lugar mejor para el desarrollo de las tareas y de continuar el diálogo para encontrar una solución definitiva.
Al respecto, la funcionaria dio cuenta de su participación en una videollamada realizada la semana pasada por Zoom, en el marco de una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo. Participó el Secretario General de ATE, Carlos Córdoba, así como distintos representantes del gremio.
Primeramente, la Ministra reiteró que nunca se planteó la discusión si el área iba a dejar funcionar, precisando que “todas las áreas que ocupan ese predio de seis parcelas, serán trasladadas a nuevas dependencias. Tenemos distintos lugares en vista para reubicar transitoriamente al personal, hasta que se pueda construir un espacio definitivo para Servicios Generales”.
En este sentido recordó que este lugar fue construido sobre la calle Vito Dumas, “pero cuando se finalizó, la gestión de Gobierno anterior decidió no dárselo al personal de Servicios Generales y se lo transfirió en propiedad al Laboratorio del Fin del Mundo, con lo cual el edificio hoy es de ellos”.
“Ante la situación actual, nuestra decisión es construir un nuevo lugar para ellos, pero esto lleva tiempo y primero tenemos que definir dónde se trasladarán los empleados hasta que eso pase” aseguró.
Respecto al diálogo mantenido con el Secretario General de ATE, la Ministra detalló que “le planteé a Carlos Córdoba que era quien llevaba la voz del reclamo, que hicieran un pedido por escrito. Luego de eso, contesté dos pedidos respecto de esta intranquilidad del sector”.
Asimismo rememoró las conversaciones mantenidas con los trabajadores en el actual galpón, “pero en estos momentos estamos en un período de pandemia donde hay restricción para juntarnos, con lo cual no es posible ir a una asamblea. No es legal ni correcto conforme lo que dice el DNU y las restricciones que están vigentes”.
En este sentido Castillo dijo que “la apelación es que respetemos la norma vigente, por eso se ofreció otro ámbito, como el de Zoom. También ofrecí que vengan a mi oficina el Secretario y tres representantes, situación que no aceptaron”.
Tras dos horas de conversación, y por problemas de conexión “la comunicación se cortó y no pude reanudar la misma” aclarando que “si no hubiera tenido intenciones de dialogar, no hubiera estado en una audiencia”.
Por otro lado, la funcionaria añadió que “nos estamos olvidando de que esta protesta, se realiza cortando la calle y dificultando la guardia de un Centro sanitario. Un lugar donde hay pacientes internados con y sin COVID, anteponiendo una situación de reclamo individual por sobre cuestiones que tienen que ver con el interés público y general y con la atención de la salud” y aseveró que “en esos puntos uno no va acordar, estamos abiertos al diálogo, pero ese no es el camino”.
Paralelamente, la funcionaria desmintió las versiones acerca de que el Centro de Rehabilitación Ushuaia quedaría como propiedad de la Clínica San Jorge, “el Estado provincial tiene el proyecto para llevar adelante una dependencia publica, que será destinada a brindar un servicio completo de salud y que nada tiene que ver con la Clínica”.