La Comisión Nº 1 de Legislación General, presidida por el legislador Federico Greve (FORJA), mantuvo reuniones durante dos jornadas, en donde los distintos bloques políticos acordaron el articulado del asunto N°130/20, sobre “regulación de los honorarios profesionales para abogados en la provincia de Tierra del Fuego”.
En el primer día de debate, participaron el vicepresidente del Colegio Público de Abogados de Ushuaia, Dr. Eduardo Damonte y de forma remota, el vicepresidente de la entidad que agrupa a los letrados de la ciudad del norte, Dr. Abdo González. Ambos profesionales, expusieron opiniones acerca de la necesidad de contar con una Ley que regule las actividades de los abogados en la Provincia.
La iniciativa que impulsó el bloque FORJA, ingresó al Parlamento, en julio pasado y en los fundamentos se remarca que el proyecto de Ley, fue presentado en varias oportunidades, pero no logró llegar al recinto de debates.
La puesta en común del articulado se extendió por varias horas en ambas jornadas. Allí los Legisladores que integran la Comisión, analizaron, debatieron e incorporaron modificaciones a la redacción de la futura norma, que fuera presentado en 2016 por el Colegio Público de Abogados de Río Grande.
El titular de la Comisión, Federico Greve, dijo que los cinco bloques políticos, expresaron “su compromiso desde el primer momento para trabajar en una Ley del ejercicio profesional de la abogacía, dado que era una deuda pendiente para los letrados en Tierra del Fuego”, expresó el legislador.
Agregó que la futura norma, no solo “traerá certeza a los letrados que sabrán lo que van a cobrar, sino también a los clientes, que sabrán que van a pagar en determinados procesos. Es una estandarización de la profesión en toda la Provincia”, opinó.
El proyecto posee 102 artículos, y sobre esto Greve destacó la generación de la unidad de medida, denomina IUS (latín=derecho), “que es un monto de lo que cobran los jueces de Cámara; que es el valor tipo que se utilizará para fijar los montos a cobrar en esta Ley”. Además, mencionó que algunos precios serán “porcentajes de valores de bienes y de más, como puntos salientes a los efectos de poder determinar un índice de actualización constante respecto a los magistrados”, concluyó.