Javier Varetto* Hace más de 20 años que a la seguridad de nuestra provincia de Córdoba la vemos más en un spot publicitario que en la tranquilidad de nuestra vidas, como si la delincuencia pudiera erradicarse con medidas efectistas, demagógicas y marketineras.
El accionar de las fuerzas policiales se ha basado en mecanismos y aplicación de tecnologías con que el Estado provincial ejerce control sobre la ciudadanía, apelando al incremento del número de policías, móviles y normas de carácter prohibitivo. A lo que se suma un modelo de formación muy escasa y que en general se limita a aspectos como el manejo del armamento, el conocimiento de jerarquías y que hace hincapié en el delincuente y no en el delito como única solución a los problemas de inseguridad.
Los casos de mayor repercusión pública como el de Blas Correa, ahora el de Joaquín Paredes, pero también los más invisibilizados en los últimos 6 meses de cuarentena, como el de Alejandro Amaya, José Ávila, Facundo Astudillo, Franco Sosa y hasta un caso sin identificar, demuestran que con esos recursos no se contiene a los crecientes casos delictivos, sino por el contrario evidencian la cruda realidad del abuso de autoridad, limitaciones de las libertades individuales y la corrupción estructural que atraviesan la sociedad.
El asesinato del adolescente Joaquín Paredes, en manos de agentes de la fuerza policial, nos ha demostrado la carencia absoluta de humanidad e irreprimible desprecio por la vida.
¿Se trata de otro caso de gatillo fácil, o de exceso en las facultades coercitivas de la policía? Es más grave aún. Se trata del homicidio de un joven de pueblo chico que se encontraba con sus amigos una noche de primavera, lo cual no justifica la necesidad de desenfundar el arma que lo mató.
Es urgente que la sociedad cordobesa promueva e impulse el debate en torno de un modelo de seguridad democrática, que surja de una sociedad inclusiva, con una fuerte interpelación entre el rol del estado y la participación activa y permanente de las organizaciones de la sociedad civil.
El foco del problema debe ser el delito, el cual debe tenderse a prevenir, una institución dispuesta a brindar un servicio que tienda a contener y no a controlar el territorio.
El enfoque de Hacemos por Córdoba está agotado y sin capacidad de dar respuesta. Cuando las fuerzas de seguridad no solo no logran combatir el delito y la inseguridad, sino que además son un peligro irracional y letal para jóvenes de una ciudad o de un pueblo, Señor Gobernador Juan Schiaretti, hay que asumir el fracaso de su política de seguridad. #ConProtocolosNoAlcanza
*El autor de la nota es miembro de la Mesa Provincial de Asamblea Radical de la provincia de Córdoba y secretario general nacional de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR)