El año 2020 es, en gran parte, el año en que muchos hemos resignado cosas. Empleados del Estado debieron esperar meses para percibir aumentos salariales que estaban acordados en paritarias, jubilados que percibían un haber superior a la mínima fueron relegados de nuevas recomposiciones, trabajadores del turismo que no pudieron trabajar o, como moneda de cambio, no se los despidió pero se les abonó la mitad de su sueldo. Ahora, empresarios que posean un patrimonio de doscientos millones de pesos abonarán un "aporte extraordinario y por única vez", un impuesto, del que tampoco se conoce mucho su aplicación y hace agua frente a distintos embates argumentativos que amenazan su supervivencia frente a una eventual judicialización. Pero, hubo un sector que no sólo no aportó nada de manera extraordinaria y por única vez, sino que es el que sigue reclamando sacrificios: a empresarios, jubilados, trabajadores. Ese sector es la política.
A nivel provincial podemos destacar que, aunque con rezago, el gobernador Gustavo Melella tomó la decisión de desacoplar los aumentos salariales que perciben los funcionarios del Poder Ejecutivo cada vez que reciben el suyo los funcionarios de los distintos Municipios a partir de los acuerdos salariales de las ciudades. Si bien podría llegar a pensarse que el gesto podía ser imitado por los intendentes Walter Vuoto, Martín Pérez y Daniel Harrington, esto no sólo no fue así, sino que, en el caso de Ushuaia, Vuoto obtuvo facultades extraordinarias en el ejercicio de sus funciones a partir del respaldo del Concejo Deliberante. Dichas facultades extraordinarias no significaron un gesto de la política y tampoco fueron sinónimo de racionalidad a la hora de efectuar gastos , por demás polémicos como es la situación del Polo Sanitario y el Hospital de Campaña, cuyo costo difícilmente sepamos cuál fue y si se condice con los trabajos real y efectivamente concretados.
El año 2020 no sólo es el año en que la pandemia de Covid19 nos obligó a replantear gran parte de los supuestos que creíamos firmemente asentados. También es el año en que trabajadores en relación de dependencia, jubilados, trabajadores cuentapropistas, pequeños y medianos empresarios, han padecido carencias de repente potenciadas por disposiciones de aislamiento que paralizaron la economía. Dichas disposiciones, entendidas como un paso necesario para mejorar las condiciones de infraestructura sanitaria que afrontara los infectados por Covid19, fueron prontamente rechazadas al advertir una contradicción en que incurrió el presidente Alberto Fernández: relegar la economía para tener salud. El problema fue cuando no sólo la economía explotó, sino también la salud empezó a mostrar cada vez más infectados y más muertos. La política promovida por Fernández no sólo nos sumió en la mayor caída económica de la historia argentina (incluso peor que en la crisis de 2001/02): también nos ubicó en el triste cuarto lugar mundial de países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes.
Con la cuarentena más larga del mundo, con idas y vueltas de medidas, con flexibilizaciones que se otorgan cual cédula real y gestos de un presidente que en pleno aislamiento y/o distanciamiento viaja a la provincia de Formosa a abrazarse con el eterno mandamás Gildo Insfrán (sin tapabocas), recibe en la Quinta de Olivos a Hugo Moyano (protagonista de la toma de una planta de distribución de Mercado Libre para la que no existía ningún aislamiento) o cena con Evo Morales (quien incluso cometió el desaguisado de decir que la homosexualidad era resultado del consumo de hormonas en alimentos modificados genéticamente); ingresamos en el último trimestre de 2020 unidos en las carencias y organizados cual rebaño en mansedumbre.
Es verdad de perogrullo que en Argentina debe procederse con una reforma impositiva. Sostener el IVA en productos de la canasta familiar básica es uno de los tópicos que no pueden esquivarse más. Pero tampoco existe hoy en el Gobierno nacional una propuesta tendiente a abordar de manera integral, abarcativa, conjunta y estructural, un tema de semejantes características. Más bien lo contrario. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), a fines de junio de 2020, sostenía que los argentinos pasamos 181 días pagando impuestos entre aquellos nacionales, provinciales y municipales. No obstante, los servicios públicos que se reciben no se condicen con la cantidad de imposiciones que se abonan. ¿Acaso resulta imprescindible percibir nuevos aportes "extraordinarios" cuando ya el Estado Nacional cobra suficientes tributos? ¿No es la misma situación que se dio con las retenciones a las exportaciones agropecuarias, reinstauradas en el gobierno de Eduardo Duhalde en 2002 en el marco de la emergencia para instalarse hasta la actualidad? ¿No es momento de replantearnos qué es lo extraordinario y a qué nos referimos por "única vez"? ¿No es hora que, de una vez por todas, la política deje de pedir gestos a jubilados, trabajadores, cuentapropistas, empresarios (grandes, medianos y pequeños) y haga un gesto a la sociedad?