La Multisectorial de Derechos Humanos de la ciudad de Río Grande realizó una movilización el pasado 24 de marzo a las 17:30 en la esquina de Espora y la Avenida San Martín, frente al Casino de Oficiales del BIM 5, lugar en donde fue asesinada la docente Angélica Rojas Gutiérrez, sobre el final de la dictadura militar. Desde allí una nutrida columna, encabezada por los integrantes de la Multisectorial a los que se sumaron organizaciones sociales, gremiales y políticas, como así también personas autoconvocadas, marcharon hasta el Espacio para la Memoria en la Avenida Belgrano y Mackinlay.
A continuación, se repdocuce el documento leído en la convocatoria con motivo de la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia:
"Como cada 24 de marzo desde hace diecinueve años nos convocamos en estos espacios que hemos construido para conmemorar, para reencontrarnos y para darle cada vez más fuerza al reclamo de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
El 2020 nos enseñó varias cosas, entre ellas que la violación a los DDHH sigue existiendo, con o sin virus, la especulación de las grandes empresas, la exacerbación de la derecha en nuestra América Latina, la represión por parte del Estado, la violencia simbólica y real a nuestros pueblos son moneda corriente en cualquiera de los contextos que le toque vivir a la Argentina.
Hoy volvemos a pronunciarnos haciendo memoria activa de aquellos acontecimientos de nuestra dolorosa historia, que se sigue viviendo con otros rostros y poderes. De este documento participamos aquellas organizaciones de la Sociedad Civil que elegimos compartir estos dolores y reflexionar sobre ellos, recordar también las luchas, que hacen presentes a aquellas personas detenidas y desaparecidas en la última dictadura cívico-militar-eclesiástica-mediática- empresarial y judicial.
Hoy estamos nuevamente en la calle para recordar a les compañeres detenidos desaparecidos y homenajear a las madres, las abuelas que comenzaron su lucha en medio del terror que ejercían los militares.
En los centros de detención, tortura y exterminio que creó la dictadura funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas de matrimonios en “espera” de un nacimiento, y unos 500 hijos de desaparecides fueron apropiados como “botín de guerra” por las fuerzas de represión.
Algunos niños fueron entregados directamente a familias de militares, otros abandonados en institutos como NN, otros vendidos. En todos los casos les anularon su identidad y los privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de su libertad.
Nada ni nadie detuvo a las Abuelas de Plaza de Mayo para buscar a les hijes de sus
hijes. Las Abuelas siguen buscando a sus nietes, hoy adultes, pero también a sus
bisnietes que, como sus padres, ven violado su derecho a la identidad.
Por eso hoy nos sumamos a la campaña “Plantamos Memoria”. La Memoria, al igual que la semilla, viene cargada de futuro. Contiene toda la información genética para poder llegar a ser el árbol que late en su destino. En tiempos de incendios, deforestación y cambio climático, invitamos a plantar vida como un acto de memoria y futuro. Porque el recuerdo de cada compañere detenide desaparecide trae consigo el legado de lucha por un país más justo y solidario.
En el reclamo de Memoria Verdad y Justicia hay un capítulo especial: Malvinas. La guerra que provocó la dictadura militar contra Gran Bretaña en abril de 1982, en un intento frustrado de recuperar la soberanía de las Islas Malvinas por la fuerza de las armas.
Lo más visible, es la existencia de 649 soldados muertos en batalla; las 123 tumbas estuvieron sin identificación, sin nombre, con la leyenda “soldado argentino sólo conocido por Dios” y que con la intervención de la Cruz Roja Internacional y el Equipo de Antropología Forense de la República Argentina se identificaron 115 cuerpos.
Ocultas, invisibilizadas, se encuentran las denuncias por torturas, estaqueamientos, enterramientos, vejámenes morales, discriminaciones por origen étnico y religioso, muertes por inanición, simulacros de fusilamientos y otros tormentos perpetrados por oficiales y suboficiales argentinos contra los propios soldados durante los 74 días que duró la guerra.
Desde el año 2007 tramita en el juzgado federal de Río Grande la Causa donde se relatan los hechos que habían sido denunciados por primera vez por los propios soldados entre junio y julio de 1982, de regreso al continente ante sus superiores.
Catorce años después, la jueza que entiende en la Causa -que tramita con su máxima lentitud- solo ha procesado a 4 militares y convocado a indagatoria para este abril próximo a 6 oficiales de alto rango, dando tiempo suficiente para que muchos acusados ya no se encuentren con vida o por sus estados de salud no puedan cumplir pena.
A 45 años del Golpe Militar de 1976 y a 39 años de la guerra de Malvinas, reclamamos y exigimos a la democracia argentina salde esta deuda pendiente con los soldados de Malvinas y ponga máxima celeridad procesal, para que ninguno de los hechos denunciados quede impune.
Lamentablemente en democracia la vulneración de los derechos humanos continuó siendo una política de estado que funciona como resguardo de los privilegios de los sectores concentrados de poder económico y político.
Durante la pandemia, con la excusa de cuidarnos y garantizar la cuarentena, la policía salió a las calles de todo el país a poner nuevamente en práctica la mano dura, el gatillo fácil y la violación de los derechos de mujeres, adolescentes, infancias, personas en situación de calle, personas que tuvieron que elegir entre su salud y salir a ganarse el pan de cada día.
En la provincias sobran los ejemplos: el desalojo salvaje en Guernica de las familias que necesitan un lugar para vivir; la represión a las manifestaciones populares que resisten el avance de la megaminería y de les trabajadores estatales que reclaman cobrar sus salarios en Chubut; el abuso sobre el pueblo Wichí en Formosa; la represión y detención de manifestantes en Córdoba, Jujuy, Corrientes, Chaco y Tucumán; la masacre de San Miguel del Monte; la detención de militantes feministas en Ushuaia y tantos otros.
En este contexto fueron innumerables las situaciones de violencia represiva, con desapariciones forzadas seguidas de muerte como la de Facundo Astudillo Castro, quién se convirtió en un nuevo caso emblemático del accionar de las fuerzas de seguridad, cuyos miembros se protegen entre sí, desvían las investigaciones, ensucian las causas y, con complicidad de los medios de comunicación, estigmatizan a las víctimas con el amparo de los gobiernos de turno como ya vimos que sucedió con Jorge Julio López, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y tantas otras víctimas de la violencia institucional.
CORREPI denunció 496 casos de asesinatos por fuerzas de seguridad en distintos puntos del país en el último año, con lo que totalizan casi 7600 casos de víctimas de la violencia institucional desde la vuelta de la democracia.
Además cabe destacar la vulneración habitual de derechos que sufren las personas privadas de la libertad, que se vio incrementada con la pandemia, que llegó al extremo de negarles cosas básicas como el acceso a la salud o la posibilidad de contactarse con sus familias.
Según el informe de CORREPI más de 250 personas murieron en lugares de detención, una quinta parte de ellas a causa del virus COVID-19. Durante la represión a los reclamos y protestas, cinco personas murieron en las cárceles de las provincias de Santa Fe, Corrientes y Jujuy, y en Florencio Varela, cuatro jóvenes fueron fusilados por miembros del servicio penitenciario con balas de plomo.
La violencia institucional se extiende al ámbito privado; uno de cada cinco femicidios en nuestro país es cometido por miembros de fuerzas de seguridad, en muchos de los casos utilizando el arma reglamentaria.
Como resultado de la lucha continua de los colectivos de mujeres y disidencias hoy podemos traer a este espacio la memoria de les compañeres secuestrades, torturades y desaparecides de la comunidad LGBTQ+ que durante muchos años fueron invisibilizades en los listados oficiales; y reivindicar a las compañeras que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas no solo por militar ideas sino por el hecho de ser mujeres.
Lo describen claramente las sobrevivientes Miriam Lewin y Olga Wornat en su libro ‘Putas y Guerrilleras’: el pensamiento machista que atravesaba, y aún lo hace, a todas las instituciones y organizaciones de la sociedad hicieron víctimas a las mujeres secuestradas y desaparecidas de una doble violencia de género: la de sus captores, en la que no solo eran tomadas como cautivas, violadas y sometidas a torturas físicas y psicológicas que, cuando no terminaban en la muerte, a veces las llevaba a establecer vínculos afectivos tortuosos con ellos; y por otro lado, el de sus propios compañeros de militancia que a las sobrevivientes las consideraron traidoras y las juzgaron como tales.
Esta lucha inclaudicable que se nutre aún de la experiencia de aquellas compañeras nos ha permitido logros en el campo de la legislación que se plasmaron en las leyes conocidas como Ley de Identidad de Género, Ley de Erradicación de la Violencia Contra la Mujer y la más reciente Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
No obstante estos logros, la matriz patriarcal sigue intacta en el espíritu de las instituciones y múltiples sectores de la sociedad y es así que, aun cuando las leyes están reglamentadas y en plena vigencia, los obstáculos e imposibilidades para acceder a los derechos que garantizan se mantienen intactos.
Vivimos a diario en nuestra comunidad ejemplos flagrantes: medios de comunicación que no respetan la identidad de género, alimentando con morbosidad y violaciones a la intimidad de las personas la discriminación y los prejuicios patriarcales; dependencias policiales creadas para la atención de Género y Familia que no respetan los protocolos de contención y cuidado en el mejor de los casos y que incluso desalientan las denuncias con la repetición de clichés y lugares comunes del machismo, hasta que alguna mujer o disidencia es asesinade.
Otros ejemplos son el incumplimiento de la ordenanza 3217/13 que propone crear un espacio de contención para la mujeres violentadas, pese a las reiteradas exigencias que hemos llevado ante el Municipio de Río Grande y al Concejo Deliberante para su completa y efectiva aplicación; la imposibilidad de practicar un aborto legal o voluntario, seguro y gratuito en nuestro hospital por que todos los médicos en condiciones de hacerlo son objetores de conciencia y, por otro lado, la violencia obstétrica ante quienes acuden al servicio como consecuencia de un aborto espontáneo.
Seguimos manifestando que esta cadena de atropellos se sostiene por la acción, y también por la falta de ella, del Poder Judicial que antes que por la Ley está regido por el patriarcado.
Nosotres somos violentades por la violencia institucional patriarcal en democracia y hoy venimos a gritar que los derechos de las mujeres y diversidades también son Derechos Humanos.
Los organismos de Derechos Humanos vemos también con preocupación cómo el sostenimiento de actividades extractivistas se han convertido, en todo el país, en política de Estado; estas actividades son promocionadas por los propios gobiernos como de "desarrollo sustentable", pero en realidad es una apropiación indiscriminada de los recursos de la naturaleza en detrimento de territorios completos.
Estos proyectos producen efectos permanentes de contaminación, desequilibrio de los componentes de la tierra, el aire, el agua, destrucción del ecosistema, de toda especie que lo constituya y la injusticia ambiental a la que queda sujeta la población del lugar, desde deterioros en el ambiente hasta enfermedades incurables. Un proceso muy difícil de revertir y en muchos casos imposible.
Los modelos vigentes de producción a gran escala y los monocultivos deben ser replanteados; los movimientos ecologistas pretenden afianzar el desarrollo en escala comunitaria, local, territorial, regional, en una deconstrucción del desarrollo hegemónico.
Pero los gobiernos que buscan réditos económicos a cualquier precio, no sólo criminalizan la protesta allanando las casas de los referentes sociales, reprimiendo, encarcelando, abriendo causas sino que también desacredita la iniciativa popular calificandola de "ecoterrorismo".
Políticas de explotación que además avanzan contra los pueblos originarios, contra sus tierras, contra sus formas de vida, su cultura y su integridad. En distintos puntos del país los gobiernos, a través de las fuerzas de seguridad, someten a los verdaderos dueños de las tierras con palos y balas.
Es necesario que estos procesos que desvalorizan la vida y la degradan, como la megaminería, la deforestación, el monocultivo, el uso de agrotóxicos, la extracción indiscriminada de los recursos de nuestro mar, que forman parte de la cultura económica del sacrificio de los pueblos y todas las especies que habitan la Tierra, sean desterrados por medio de políticas claras de reconstrucción de todo el territorio nacional.
Durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional (que el Ministro de Educación de la Nación nos recordara lamentablemente hace unos días en referencia a la vuelta a la presencialidad en las escuelas), otro sector que no estuvo exento de la persecución sistemática fue el de los y las docentes. Un sector que se caracteriza a lo largo y ancho del país no solo por ser combativo sino también por su conciencia y lucha histórica por formar personas críticas y ayudar a quienes más lo necesitan. Estas características del sector docente no fueron inadvertidas por la última dictadura cívico-militar y por ello nuestro país tuvo más de 600 docentes detenidos y desaparecidos.
Pasa el tiempo pero la docencia no pierde su espíritu de lucha y conciencia social, por ello fue perseguida sistemáticamente por muchos gobiernos que se hacen llamar democráticos. Sin ir más lejos en nuestra provincia tuvimos 17 docentes exonerados por luchar, quienes hoy se reincorporan, gracias a no rendirse, al lugar de donde nunca debieron salir, las aulas.
Incluso hoy en día se sigue luchando no solo por un sueldo digno que les permita salir de la línea de pobreza, sino también en este contexto, por garantizar las condiciones que aseguren el cuidado de su salud y la sus estudiantes que atraviesan a diario las escuelas. Como para algunos sectores es más importante el titular de la presencialidad antes que cuidar la salud y vida de quienes están en las aulas, es la docencia quien, como siempre, se pone al hombro la educación y el cuidado de los y las alumnas.
Han pasado los años pero la docencia, los y las estudiantes siguen de pie, organizándose y luchando día a día por reivindicar los derechos obtenidos, dándole pelea a este sistema que nos excluye. Continuamos aportando en las aulas un pequeño grano de arena para una sociedad más justa e igualitaria.
En este marco, una gran parte de los actores políticos parecen vivir una eterna campaña cobrando sueldos que superan los 400.000 pesos para poder financiarlas; mientras el poder judicial sigue sentado a la mesa del patrón -siempre apasionado por lamer sus sobras- con abogados y jueces comprados por las mismas empresas que manipulan a la opinión pública a través de cuantiosas pautas publicitarias para avanzar con la reforma laboral y el llamado “disciplinamiento” de las y los trabajadores, llevando a los tribunales a quienes encabezan los reclamos.
Así es el caso, uno de tantos en nuestra provincia y en todo el País, con el juicio de IATEC -parte del Grupo Mirgor, quien representa el mayor grupo empresarial de la Isla- y la jueza laboral Edith Cristiano, contra siete delegados que reclamaron, manifestándose en la puerta de los depósitos, la necesidad de mejorar la condición de cientos de contratados que hace años se encuentran en esa precariedad.
A pesar que finalmente la empresa debió reconocer el abuso de la renovación de los contratos y mejoró la calidad de vida a 330 operarios, la “justicia” parece seguir los lineamientos que la defensa empresarial diseña por intermedio del abogado José Luis Paños.
Durante cuatro jornadas con un fuerte acompañamiento de organizaciones que ven el riesgo que tal antecedente significa para el futuro de los reclamos gremiales, repudiaron la actitud de la jueza, quien pareciera pretender, querer dejar en la calle a uno de los delegados que a su vez es miembro de la comisión directiva de la Organización.
Por eso, en este marco de lucha por los derechos humanos, nos manifestamos para reclamar contra todo tipo de violencia institucional, por la plena absolución de todos y cada uno de los delegados de IATEC y de todas las y los obreros que llevan con firmeza y convicción, la lucha por la estabilidad económica, mejores condiciones laborales y un salario digno.
También seguimos reclamando por nuestras jubiladas y jubilados que están siendo ninguneados por el sistema previsional, con salarios que no alcanzan para pagar los medicamentos que la miseria empresarial pandémica se encargó de subir el precio para sacar ventaja y explotarnos hasta el último minuto de nuestras vidas.
El funcionamiento de los medios de comunicación y la situación de les trabajadores de prensa, siguen siendo una gran deuda pendiente desde la apertura democrática; otra gran deuda sin saldar a pesar de los diferentes gobiernos transcurridos.
La precarización laboral, la superexplotación y los condicionamientos para la libre expresión, están a la orden del día. La ausencia de voces críticas al sistema, la distorsión de la realidad que hacen los medios de acuerdo a los intereses de sus propietarios y el abandono de la pelea por parte del Gobierno, para imponer una Ley de Medios democrática y con controles para las grandes corporaciones; son un triste reflejo de la necesidad de sumar voces alternativas sostenidas por los de abajo, para que se conozca y se difunda la necesidad de un cambio de fondo.
Mientras tanto, los gobiernos nacional y provincial, las municipalidades, legislatura, concejos deliberantes y demás organismos e instituciones del Estado, siguen poniendo pauta en medios con trabajadores y trabajadoras de prensa en negro y en condiciones laborales esclavistas, a pesar del pedido formulado por les periodistas para que se tomen medidas en ese sentido.
Mañana se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Rodolfo Walsh, periodista que pagó con su vida la denuncia de los crímenes que estaba cometiendo la dictadura militar. Queda su ejemplo de entrega, compromiso y militancia en pos de un periodismo al servicio del pueblo y no de los poderosos de turno, en que la información se convierte en mercancía armada para el mejor postor.
La pandemia y el impacto global que provoca nos pone, en términos de humanidad, ante un desafío inédito y enorme porque implica una incertidumbre de infinitas dimensiones en la que las organizaciones de los sectores populares enfrentamos situaciones de extrema crudeza.
Por otro lado, el poder económico replica lo que sabe hacer. Negocios sobre la necesidad de los otros, sobre todo de los más vulnerables, y para ello echa mano a herramientas que va modificando y combinando según corren los tiempos. Alguna vez fueron las Colonias; en otro tiempo el Plan Cóndor; en estos el Lawfare.
Nuestro desafío, compañeras, compañeres y compañeros, sigue siendo sostener la resistencia, diseñar nuevas maneras de luchar y transmitir a las generaciones que siguen el acervo de solidaridad que se acumula en nuestros genes y en nuestras mentes en cada acción, en cada gesto, en cada marcha y en cada pañuelo blanco que mantenemos en la memoria.
Por los 30.000 compañeres detenides desaparecides presentes.
Ahora y siempre."