Por Pablo Sulima* Es de público conocimiento que la Argentina está enfrentando el comienzo de la segunda ola de contagios propia del inicio de la temporada otoño-invierno. Los récords de casos y decesos que se han conocido en los últimos días han colocado a nuestro país nuevamente en el top ten mundial de países con más casos por millón de habitantes, y con tasas de positividad también de las más altas del mundo (la tasa de positividad es la proporción de casos positivos respecto de los test realizados).
En contraste, la proporción de vacunados por millón de habitantes del país es muy baja (en las estadísticas mundiales no aparece dentro de los veinticinco países que lideran el ranking), y la gestión de vacunas ha sido tremendamente deficiente, ya que las escasas vacunas aplicadas provienen de países con poca o nula transparencia en su certificación de calidad como Rusia y China. Por supuesto, a ello se suma la divulgación de numerosos casos de vacunados por fuera del personal de salud y población de riesgo, principalmente de políticos, familiares, militantes y jóvenes sospechados de favores políticos y/o sexuales. Recordemos que, por ejemplo, la ministra de salud Vizzotti todavía no ha podido brindar una explicación satisfactoria del hecho de que sus padres hayan sido de los primeros en vacunarse…
Mientras tanto, frente al incremento sostenido de casos, el gobierno nacional ha optado por volver al discurso catastrofista, a la búsqueda de culpables y chivos expiatorios y a discursos chicaneros que buscan deslindarlo de la responsabilidad de la angustiante situación no sólo sanitaria sino también económica, con estadísticas oficiales que reconocen que más del 42% de la población se encuentra en situación de pobreza (57% de pobres en menores de quince años), una caída anual del PBI del 10% y una inflación que sólo en el último mes fue del 4,8%. Por supuesto, ello en el contexto de una asfixiante presión impositiva (de las más altas del mundo), de salida de empresas con el consiguiente aumento de población desempleada y de restricción de numerosas actividades económicas derivadas del contexto pandémico, sobre todo las vinculadas al turismo, la gastronomía, los locales nocturnos o los eventos de concurrencia masiva, por citar sólo algunos ejemplos.
También el gobierno ha hecho de la suspensión de clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense un caballito de batalla ideológico, reforzado por el aval de gremios docentes y medios de comunicación afines al oficialismo, desoyendo la numerosa evidencia a nivel mundial de que los colegios no son focos significativos de contagio. Si bien el gobierno porteño ha resistido la medida, hay todavía mucha incertidumbre respecto de qué resuelva al respecto la justicia. Ni que decir tiene que las propias instituciones judiciales todavía siguen siendo objeto de cuestionamiento y debate parlamentario a partir de la iniciativa del gobierno de Fernández-Fernández, que ciertamente le da más importancia a remover a jueces y fiscales independientes que a delinear una política económica, sanitaria y educativa coherente que brinde un panorama más predecible para la ciudadanía en su conjunto en un contexto tan crítico.
Respecto del aumento de casos, la gestión actual, luego de haber hecho a lo largo de los últimos meses numerosas declaraciones altisonantes respecto de la adquisición y aplicación de vacunas que han quedado en ridículo (por citar sólo un ejemplo, al cumplir un año de su asunción el presidente Fernández afirmó que “vamos a poder contar con las dosis suficientes para poder vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos”), opta por culpar a la ciudadanía, a la oposición “irresponsable”, al relajamiento del personal de salud o a cuanta excusa se le ocurra para deslindar su responsabilidad manifiesta a la hora de explicar el fracaso sanitario. Sin ir más lejos, este viernes, haciendo gala de un paternalismo patético, el presidente dijo que “soy como el papá que le dice al nene ‘no te asomes por la ventana’ y el nene no entiende por qué no lo dejan”, mientras que menos de un día después, al dirigirse a la ciudad de Junín a despedir al ministro de transporte Mario Meoni (fallecido en un accidente automovilístico), volvió a incumplir las propias medidas de protección y distanciamiento que pretende que el resto de la población respete…
A estas alturas, el actual gobierno parece obstinado en repetir un discurso tribunero sólo para sus fanáticos, mientras trata de maquillar su propia incompetencia apelando a instalar el miedo como forma de legitimación de sus políticas, completamente divorciadas del respeto a los derechos humanos (tal como hemos visto en los casos de Facundo Astudillo Castro o de Abigail Jiménez), a las libertadas consagradas en la Constitución Nacional y a las instituciones democráticas en general. En su desconexión de la realidad, Fernández y su gente olvidan (o se desentienden de) que un sector importante de la población vive con angustia el hecho de volver al encierro sin saber cómo hacer para llevar comida a sus hogares, mientras que, cómodamente instalados en la tranquilidad que les da cobrar su sueldo puntualmente, funcionarios y empleados públicos hacen campaña sucia señalando con el dedo a aquellos que, forzados por la necesidad y la desesperación, salen a la calle igual para intentar sobrevivir. Tendrán que quedarse en sus casas viendo, por ejemplo, al ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni desfilando por los distintos canales de televisión diciendo muy suelto de cuerpo que tenemos que volver al encierro total.
Al respecto, me despido citando textualmente a Alberto Fernández, cuando en 2012 criticaba sin miramientos a la actual vicepresidente de la república: “Cuando necesitás del miedo para gobernar, es que ya perdiste el poder para convencer”.
*El autor de la nota es politólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) y docente en colegios secundarios de la ciudad de Ushuaia