Se burló de homosexuales junto al actor Dady Brieva. Nombró a una dirigente social acusada de enriquecimiento y hostigamiento y de instaurar un Estado paralelo en la provincia de Jujuy a fuerza de miedo y amenazas para dictar una cátedra. Realizó charlas con un ex vicepresidente con condena firme. Agredió a su vicerrectora, lo que le valió denuncias por violencia de género. Pero, así como Jorge Rafael Videla expiaba sus demonios asistiendo a misa, Juan José Castellucci hizo lo propio promoviendo el uso del lenguaje inclusivo. El despotismo ilustrade en su máxima expresión.
Según la Real Academia Española, el término despotismo posee dos acepciones: la autoridad absoluta no limitada por las leyes; y el abuso de superioridad, poder o fuerza en el tramo con las demás personas. En un ámbito universitario, el despotismo es una contradicción con la esencia del ámbito en que se expone. Es verdad de perogrullo que el rol de la universidad en tanto organización cuyo fin es la búsqueda y la profundización del conocimiento, no es en modo alguno compatible con la presencia de personalidades despóticas. Donde el despotismo se manifiesta, el conocimiento deja de ser un valor. Por esto, no sólo el despotismo de Castellucci sosteniendo actitudes que constituían abusos de superioridad minimizaron el rol de la UNTDF: también terminaron sirviendo a los fines políticos y partidarios de un sector, La Cámpora, observable mediante la designación de Castellucci como secretario de Políticas Universitarias del Partido Justicialista (PJ) fueguino y la rúbrica de declaraciones en las que despreciaba todo indicio de autonomía, tirando por la borda el esfuerzo y el sacrificio de millones de personas que han pasado por la universidad desde aquel 1918 cuando un grupo de jóvenes impulsó ese proceso conocido como Reforma Universitaria, anticorporativa por excelencia.
Burlarse de homosexuales es algo que uno podría esperar de sectores que se vanaglorian de anacronismos y comportamientos y opiniones retrógados. Pero de un rector que hace del respeto por la comunidad LGBTIQ junto a un actor y un intendente que no dudan en utilizar dichos discursos para sus propios beneficios corporativos, resulta extraño. Hasta que nos damos cuenta que la burla y el desprecio por la comunidad LGBTIQ es la quintaesencia de personajes así cuando los destinatarios de dichos comentarios no son de su propia tribu política. Las palabras de Castellucci junto a Vuoto y Brieva ameritaron el repudio de distintos sectores políticos: excepto aquellos que siguieron llenando páginas con discursos abundantes en palabras, carentes de contenido y mucho más vacíos en el cajón de la convicción.
La dirigente social Milagro Sala forma parte, a través de la Diplomatura Transformación Social de la Comunidad, de la UNTDF, en donde pasa revista del trabajo que realiza Tupac Amaru en Jujuy. Sin embargo, nada se dice de las múltiples acusaciones que enfrentó Sala: fraude a la administración pública, extorsión, homicidio en grado de tentativa. Vale adicionar que, en diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la prisión preventiva de Sala y en febrero de 2021 también declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de Sala en la causa por amenazas contra policías de la ciudad de San Salvador de Jujuy y por la que recibió una condena de dos años de prisión.
La situación de Amado Boudou, primer vicepresidente condenado por corrupción, recibió la condena a cinco años y diez meses por el caso de la apropiación de Ciccone Calcográfica, bajo las figuras de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. A principios de junio de 2020, la entonces titular del centro de estudiantes, Paula Pfoh (también funcionaria de la Municipalidad de Ushuaia con un sueldo de casi 125 mil pesos mensuales según información disponible a diciembre de 2020), moderaba un encuentro con el orgulloso primer vicepresidente de la historia argentina condenado por corrupción.
En noviembre de 2020, la Justicia Federal de la ciudad de Ushuaia dictó una medida cautelar ordenando "detener los sistemáticos ataques del rector Juan José Castellucci en contra de la vicerrectora Adriana Urciolo"; ello en el marco de la Ley Nacional N° 26485 de Protección Integral de las Mujeres. La medida también involucraba al secretario general de la UNTDF, Gabriel Carol. La denuncia fue a partir de distintas situaciones de violencia a partir de una cuestión jerárquica en el ámbito laboral y en el seno de las sesiones que celebraba el Consejo Superior. ¿La razón? Ni más ni menos que la participación de Urciolo en una lista opositora a Castellucci.
Es paradójico el silencio de muchas personas que forman parte de la UNTDF y que abogan por la lucha contra la violencia por motivos de género o de sexualidad, hayan optado por guardar silencio cómplice frente a estos episodios. El despotismo ilustrade no es propiedad exclusiva de Castellucci: también es potestad de quienes miraron para otro lado como si nada ocurriera.