Muy llamativa resultó la ausencia este miércoles 19 de la concejal del Movimiento Popular Fueguino (MoPoF), Mariana Oviedo, en la sesión que celebró el cuerpo deliberativo en la que se votó por mayoría el pase a archivo del proyecto mediante el cual se disponía que los funcionarios públicos no podrían ser adjudicatarios de terrenos fiscales durante el ejercicio de sus funciones, así como también la publicación en el Boletín Oficial del listado de beneficiarios, a fin de dar luz a las polémicas entregas que envuelven al Municipio encabezado por Walter Vuoto y que benefició a parientes y amigos de La Cámpora.
Pese a que el martes 18, Oviedo participó de la reunión de Labor Parlamentaria en la que se define el Orden del Día a partir del Boletín de Asuntos Entrados; se ausentó de la sesión celebrada el miércoles 19 en la que se votaban, entre otros, los asuntos antes mencionados que presentó su par de bancada, Ricardo Garramuño. Lo curioso es que Oviedo, pese a que justificó -según Juan Carlos Pino al iniciar la sesión- su ausencia, políticamente no se logra comprender que no haya acompañado las iniciativas del bloque que integra. Rumores de pasillo afirmaron bajo condición de estricto off the record que Oviedo habría comprometido su respaldo en los proyectos, pero a último momento desistió de participar de la sesión en la que se los votaría porque no formaban parte, aparentemente, de los acuerdos que habría logrado alcanzar con el intendente Walter Vuoto en torno a su situación tras la denuncia presentada por María Pérez, quien se desempeñaba como asesora de Oviedo, en la que detallaba que percibía un sueldo de 75 mil pesos mensuales, de los cuales 25 mil se quedaba la edil a través de una cuenta bancaria cuya titular era, ni más ni menos, que la hermana de la concejal.
Por otro lado, no descartan en los ámbitos políticos municipales, que haya novedades a partir de un posible llamado a indagatoria a Oviedo, que deberá proceder a explicar en relación a la denuncia que la involucra. Recientemente, el abogado patrocinante de Pérez, el doctor Raúl Paderne, había anticipado que la Justicia determinó que existían suficientes indicios y elementos para proseguir con la investigación, aunque descartó de plano dar detalles, dada la configuración de los hechos y las figuras delictivas que podrían establecerse al respecto.
A todo esto, no menos raro resulta que no haya ningún concejal que se haya pronunciado en algún momento en torno a esta denuncia. Como se ha dicho, no se trata de una simple denuncia: próximamente existe la posibilidad de un llamado a indagatoria, instancia que sería inviable si no existiesen suficientes elementos para investigar. Mientras tanto, este tema -por demás espinoso- es de desconocimiento de quienes tienen el título de concejales.