Así lo señaló el director provincial de Catastro de AREF, Martín Ibarra, luego de que el Gobierno de la provincia anunciara una nueva herramienta para garantizar el acceso a la tierra con la infraestructura de servicios básicos tanto en terrenos públicos como privados.
El objetivo de la nueva normativa es lograr un desarrollo y crecimiento ordenado del ejido urbano, como así también dotar de estos derechos esenciales a la población.
El decreto anunciado por el Mandatario provincial, Gustavo Melella, establece que todo loteo o subdivisión con cesión de superficie con destino al uso público, de tierras públicas o privadas en área urbana que implique la creación de macizos deberá contar con la provisión de la infraestructura de servicios básicos.
En este sentido, Ibarra manifestó que “este decreto viene a traer un poco más de transparencia a todo lo que es la gestión territorial, sobre todo cuando se trata del trámite de la mensura y de la urbanización, es decir, que también implica varios pasos previos”.
“Esta herramienta tiene como objetivo organizar un poco mejor la situación jurídica de los lotes nuevos y permiten que se pueda concluir con la mensura previo a tener los tendidos y demás, pero ya se trata de una situación superadora a la que se contaba”, añadió, al tiempo que siguió: “esto va a permitir que la mensura se pueda concretar, que los lotes servidos puedan ser transferidos formalmente como corresponde, los que estén pendientes de servicios estarán a la espera de ello para poder integrar el tráfico inmobiliario y, por supuesto, la idea o el espíritu de la norma es que sea sólido el desarrollo para nuestros vecinos y vecinas”.
Por otro lado, el funcionario explicó que “los que hayan sido entregados previo al dictado del decreto van a seguir con la normativa que estaba vigente”.
Finalmente, señaló que “la idea con este decreto es que se puedan ir gestionando los trámites de mensura para concluir con esa etapa y después, a medida que estén servidos los lotes, se podrán ir poniendo a disposición para su tráfico. Eso implica una seguridad jurídica para el adjudicatario o el comprador, contar no solo con la mensura, sino también contar con los servicios”.