Con motivo de la firma de parte del director general de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires de la disposición que instaura el programa "Expensas Claras", el cual regula la forma en que deben confeccionarse las liquidaciones de expensas de los edificios de propiedad horizontal e impone la digitalización de las mismas y de los comprobantes de gastos, el Partido Liberal Libertario (PL) manifestó su rechazo a la citada norma y llamó a su derogación.
Gonzalo Blousson, candidato a legislador porteño por el PL, sostuvo que "esta resolución lleva en su discurso la intención de proteger los intereses de los consorcistas, pero no tiene en cuenta la opinión de éstos. Los integrantes de consorcios de propiedad horizontal tienen la posibilidad de participar con su voto a través de una forma de democracia directa, mediante las asambleas de propietarios, en donde pueden definir por sí mismos el modo en que desean que el administrador confeccione las rendiciones de gastos, requerirle la presentación de los comprobantes y removerlo en caso de no estar de acuerdo con su gestión".
Desde el PL advirtieron que esta disposición, aparte de resultar contraria a las libertades de comercio y contratación, al imponer un modelo único de liquidaciones no tiene en cuenta las particularidades de los distintos tipos de edificios (desde un P.H. a un complejo de torres), cuyos detalles de gastos y movimientos de fondos deben adaptarse a cada situación para poder cumplimentar su finalidad informativa. Además, señalaron que la adaptación de los sistemas de procesamiento y el escaneo compulsivo de comprobantes generarán mayores gastos que deberán soportar los propietarios, afectando sus derechos de propiedad.
Si de normativas relacionadas al sector se trata, en los últimos tres años esta repartición ha creado nuevos libros obligatorios para los consorcios, algunos de los cuales se han visto derogados en menos de un año para luego crear un nuevo libro que reuniera a los anteriores puestos fuera de circulación. Asimismo, y pese a las advertencias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por considerarlas inseguras, en 2011 obligó a los consorcios a proveer a su personal máscaras antihumo para casos de incendio; cuando las mismas ya habían sido adquiridas por gran parte de los edificios, la norma fue suspendida. Estos son sólo algunos ejemplos.
"Estas obligaciones que se imponen a los consorcios, lejos de defender los intereses de los consumidores (propietarios e inquilinos en este caso), hacen que se vean perjudicados con gastos inútiles que los mismos deben afrontar, además de complicar la gestión de los administradores, quienes deben distraerse de sus tareas de gestión y administración de los edificios para abocarse a cuestiones meramente burocráticas por temor a sanciones y multas. Esto sólo lleva a deteriorar las relaciones entre profesionales y administrados, en vez de mejorarlas", finalizó el dirigente liberal.