Del acto en el que se anunció la prórroga del subrégimen de promoción industrial para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el pasado lunes 18 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del que participaron el gobernador Gustavo Melella, los intendentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, Walter Vuoto, Martín Pérez y Claudio Harrington, respectivamente; y sindicalistas de distintos gremios; podemos extraer varias conclusiones, a la luz de la publicación en el Boletín Oficial de la Nación de los decretos 725 de creación del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva y 727 de prórroga del subrégimen citado.
Primeramente, resulta suspicaz la ausencia de una de las partes directamente beneficiadas con el subrégimen de promoción industrial: las empresas que se acogen a los beneficios de la normativa que se acaba de prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2038. Probablemente hubiese sido importante dicha presencia, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos: empresas como Brighstar o Ambassador cuyos trabajadores están atravesando procesos de ajuste a los que responden con manifestaciones y tratativas tendientes a generar conciencia en sectores dirigentes políticos sobre la gravedad de las situaciones que los afectan. ¿Estos anuncios y su formalización llevarán mayor certidumbre a los empleados de dichas empresas? ¿Brighstar retrocederá con la decisión de otorgar vacaciones sin reincorporación tal como lo anunció para el mes de noviembre?
Por otro lado, resulta sospechoso el silencio al que recurren el gobernador, los intendentes, los dirigentes sindicales, en materia de precarización laboral a la que están sometidos los trabajadores de las distintas industrias. Rosana Bertone, diputada nacional, afirmó que, de otorgarles estabilidad laboral a los empleados de las industrias, "empezarían a faltar por cualquier cosa". Carolina Yutrovic, hoy candidata a diputada nacional del Frente de Todos y ex ministro de Trabajo durante la gobernación de Fabiana Ríos, también justificó los "contratos basura", afirmando que las condiciones de contratación flexibilizadas propiciarían un incremento en el empleo del sector industrial fueguino. Incluso, hubieron fallos de la Cámara de Apelaciones con la rúbrica del actual juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Loffler, favorables a dichas modalidades de empleo en dos casos que sentaron jurisprudencia en causas contra las empresas Digital Fueguina/TecnoSur entre 2013 y 2018 y contra Solnik entre 2014 y 2016.
Es inevitable, empero, analizar la historia de la Ley 19640 para realizar un balance a casi 50 años de su sanción. Promulgada en 1972, estableció la creación de un régimen aduanero y fiscal especial con el objeto de generar condiciones para el poblamiento de la isla por parte de la Argentina, en tiempos de tensa calma con la vecina República de Chile, tensa calma que alcanzaría el clímax a fines de 1977, cuando se estuvo a punto de desatar una guerra por las islas Picton, Nueva y Lennox, que dejarían testimonios materiales mudos de aquella etapa, como son los cañones de que se pueden apreciar en las adyacencias de Puerto Almanza. En paralelo, el subrégimen de promoción industrial generó beneficios para aquellas empresas que quisieran radicarse, otorgando salarios elevados y en condiciones de flexibilidad para importar bienes que luego serían utilizados en los procesos productivos de estas fábricas. El combo fue exitoso, a punto tal que Tierra del Fuego vivió un crecimiento poblacional excepcional, sobre todo entre los años 70 y principios de los 90, cuando la situación comenzó a eclosionar debido a una ley de convertibilidad entre el peso y el dólar estadounidense que fulminó a la inflación (ese mal endémico que aún hoy nos amenaza tenaz), pero también hizo lo propio con las industrias que no pudieron competir con el aluvión de productos importados. La situación no hizo más que agravarse a fines de los 90, cuando la devaluación de la moneda real brasileño puso la economía argentina patas para arriba en el inicio del descenso a los círculos del infierno de la crisis de 2001/02.
A casi 50 años de la sanción de la ley, el nudo gordiano que aun no logran desatar las sucesivas administraciones es el de la diversificación de la matriz productiva y el despegue de las distintas industrias sin necesidad de recurrir a los beneficios de los subregímenes. En este sentido, podemos decir que la creación del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva deja más interrogantes que certezas: se determina la composición del fondo, se esbozan algunos de los sectores que podrían ser incluidos para su desarrollo, pero poco y nada se dice de cómo se llevaría a la práctica y, sobre todo, cómo se evitaría que pase lo mismo que con los sectores hoy situados bajo el paraguas del subrégimen de promoción industrial. Es decir, más que de la diversificación y ampliación de la matriz productiva, deberíamos saber cómo se va a lograr la sustentabilidad de esos sectores sin necesidad de que permanezcan en una incubadora que, dado el tiempo transcurrido, es eterna.
Capítulo aparte ameritaría el momento político en que se da la decisión política de anunciar la prórroga. Pese a haber sido uno de los compromisos asumidos por Alberto Fernández y Melella en la campaña de 2019, a escasas semanas de las elecciones legislativas y tras la dura derrota sufrida por el Frente de Todos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 12 de septiembre, se opta por realizar el anuncio en un típico acto proselitista que busca ganar la preferencia de votantes fueguinos. Pero, como suele suceder con muchas de las acciones del gobierno del Frente de Todos, un nuevo disparo al pie se hace cuando se descubre, al calor del transcurso de los días, que la industria textil dejará de estar entre los sectores beneficiados, dejando alrededor de mil personas en la calle y, lógicamente, cientos de familias sin sustento. También se clarifica que productos de consumo como perfumes, bebidas alcohólicas, cigarrillos y vehiculos, pasarían a tener el mismo valor que en el resto del país, dando paso al final de una etapa de consumismo que caracterizó a la isla durante las décadas posterior a 1972, pese a que la zona franca data de algunos años antes y buscó atraer turistas que podían acceder a bienes de consumo a bajo costo. El impacto de estas medidas en una sociedad que, básicamente, es una sociedad basada en el pilar del bienestar económico y sobre todo material, está por verse.
Resulta, por último, interesante analizar la reacción de la dirigencia política ante la Ley 19640 y la promoción industrial. Casi como un placebo, se recurre a ella cada vez que se necesitan votos. No se analiza ni se discute cómo salir de ella sin morir en el intento. Es un Estado fallido dejando de lado la 19640. Y, sobre todo, forma parte del núcleo histórico de la agenda mediática de gobernadores, legisladores, intendentes, sindicalistas, empresarios y todo habitante que quiere cumplir con el decálogo del buen fueguino. Hasta 2038 nos tomaremos un respiro para seguir otras discusiones. Y en 2035, quizá sí, quizá no, estaremos discutiendo nuevamente cuándo sale la nueva prórroga que nos aleje del escepticismo en el que nos encontramos sumidos. ¿Por los siglos de los siglos?