Recientemente se han dado dos hechos que para la política fueguina son de suma relevancia. Son, ni más ni menos, que la condena, por un lado, de funcionarios del gobierno del peronista de Unión y Libertad (PUL) Hugo Cóccaro, por la rendición de adquisición de bienes y contratación de servicios que no fueron vendidos ni brindados realmente; y, por el otro, en el marco de la falta de rendición de cuentas (o dadas en forma extremadamente irregular), durante la gestión de Carlos Manfredotti, del Par
Recientemente se han dado dos hechos que para la política fueguina son de suma relevancia. Son, ni más ni menos, que la condena, por un lado, de funcionarios del gobierno del peronista de Unión y Libertad (PUL) Hugo Cóccaro, por la rendición de adquisición de bienes y contratación de servicios que no fueron vendidos ni brindados realmente; y, por el otro, en el marco de la falta de rendición de cuentas (o dadas en forma extremadamente irregular), durante la gestión de Carlos Manfredotti, del Partido Justicialista (PJ). Dichas condenas, si bien se dan a partir de investigaciones que datan de hace diez años, aproximadamente, vienen a significar un período que no es para ignorar ni dejar de analizar. Si bien la cantidad de causas y de denuncias que atravesaron las distintas gestiones de gobierno que tuvo Tierra del Fuego desde 1991; es inevitable no reflexionar sobre el sentido que le dan estas condenas a la perspectiva que hay o puede haber sobre la clase política fueguina.
El sentido de clase, que fue dado por el marxismo y definido más precisamente por el pensador italiano Antonio Gramsci, refiere a la existencia de un conjunto de intereses y grupos de corrupción que pertenecen a la política, sin distinción de la pertenencia de ellos a los diversos partidos políticos. Así, resulta interesante advertir que dicha interpretación puede trasladarse a los perjudicados del proceso que en Italia dio en denominarse “Mani Pulite”, esto es, “manos limpias”, que en traducción a los hechos investigados, significa un conjunto de intereses y proteción a partir de vinculaciones y negocios entre sectores de poder, tanto políticos como económicos, además de aquellos que se mantienen fuera o al límite de los bordes de la legalidad. Es indudable que en la Argentina existe esa “clase política” que al momento de ocupar posiciones de poder, hayan protagonizado hechos de corrupción.
Frente a esto, cabe reflexionar sobre ciertos detalles que no han sido explorados en profundidad. ¿Sabía el gobernador Carlos Manfredotti de los pagos por bienes supuestamente adquiridos y servicios presuntamente brindados que contribuyeron al vaciamiento de las arcas provinciales? ¿Estaba en conocimiento Hugo Cóccaro del fraude del que participaron el ministro de Economía, Horacio Sosa, junto con comerciantes de Ushuaia y Río Grande, en perjuicio de la economía del Gobierno? Guiándonos por lo que declarara Sosa, Cóccaro sabía de la metodología llevada a cabo, lo cual es grave puesto que el imputado y luego condenado podría ser denunciado por calumnias e injurias. En el caso de Manfredotti, no existen indicios, por lo que a priori el titular del Poder Ejecutivo queda libre de culpa y cargo. Pero, ¿es lógico que semejante estructura de contaduría paralela y rendición fuera de la ley permaneciera totalmente fuera del conocimiento de las máximas autoridades del Gobierno? Sería de extrema gravedad que el gobernador no tuviese conocimiento de semejante diseño burocrático para favorecer la consumación de hechos de corrupción. Y lo sería, también, sin duda alguna, si las máximas autoridades del Salón Blanco de la Casa de Gobierno, fuesen cómplices de tamaña desvergüenza para la administración.
Fuente: www.shelknamsur.com