La presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus), Da. María del Carmen Battaini participó de la declaración de interés público y social del «Protocolo modelo para la recolección, resguardo, preservación y cadena de custodia de evidencia biológica en casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes».
La presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus), Da. María del Carmen Battaini participó de la declaración de interés público y social del «Protocolo modelo para la recolección, resguardo, preservación y cadena de custodia de evidencia biológica en casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes».
La declaración de interés tuvo lugar en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Dra. Battaini tuvo a su cargo el cierre en el que expuso acerca de “El futuro hacia un nuevo desafío de coordinación institucional entre la justicia y la salud en perspectiva del ODS16+ de la Agenda 2030 y la realización del acceso a la justicia de víctimas de abuso sexual infantil».
El Protocolo fue realizado por CEDES con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Embajada de los Países Bajos.
Cabe mencionar que la Junta Federal de Cortes trabaja en coordinación con el PNUD para llevar adelante con el Foro de Médicos Forenses de la Ju.Fe.Jus -coordinado por la Dra. Inés Aparici, perito del Poder Judicial de Tierra del Fuego- el estudio de investigación de la recolección de evidencia genética en casos de abuso sexual infantil.
Por tal motivo, hay una intención de colaboración de las instituciones organizadoras para la implementación del protocolo, en las provincias que trabajaron activamente (CABA y Tierra del Fuego).
El objetivo de este protocolo es promover prácticas de protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes (NNyA), víctimas de abuso sexual, a través del fortalecimiento de los estándares de levantamiento y cadena de custodia de evidencia genética, biológica y no biológica vinculada a delitos de abuso sexual que sirva de apoyo a los profesionales de salud y a fiscales en la investigación de ese delito.