Martín Casares, Integrante del equipo de Justicia y Derechos Humanos de Fundación Pensar, dice que "en la actualidad, no existen sistemas de información criminal confiables" y que sin ellos nunca se podrán diseñar políticas públicas a largo plazo
Hasta hace poco la inseguridad parecía no existir; de hecho el gobierno negaba el problema, y sus funcionarios sostenían que había una “sensación de inseguridad” construida por los medios de comunicación que generaban una percepción negativa en la sociedad, negando el aumento del delito y la violencia.
Además, en un tema tan sensible como la seguridad, no hay accesibilidad a la información pública, transparencia ni rendición de cuentas por parte del gobierno. Se ocultan las estadísticas oficiales de delitos, y no se generan sistemas de información criminal confiables.
Sin información, tampoco se permite a la oposición controlar las políticas de seguridad, ya que resulta imposible evaluar los programas a fin de poder establecer qué medidas pueden ser más eficientes, o formular proyectos de ley con propuestas superadoras.
Así las cosas, es un avance que se reconozca la situación de inseguridad, ya que es el comienzo para hacerse cargo del problema del delito y la violencia, como también el fracaso de sus programas de seguridad ciudadana que hasta el momento no han dado resultados concretos.
Lamentablemente, en este punto no podemos realizar un análisis completo debido a que no contamos con la información necesaria ni evaluaciones sistemáticas que nos permitan medir con precisión lo que ha ocurrido en la realidad.
En la actualidad, no existen sistemas de información criminal confiables. No contamos con una línea de base contra la cual podamos comparar los resultados de los planes implementados y medir sus resultados de forma precisa.
Es por ello que en nuestro país es bastante común que la discusión se trabe en torno a posiciones ideológicas y prejuicios infundados sin poder avanzar hacia la solución de los problemas concretos. Y que la política pública en materia de seguridad ciudadana se construya de manera “amateur” sobre la base de la intuición y experiencia personal de los funcionarios de turno.
En este escenario, cabe preguntarnos si es posible planificar y diseñar políticas públicas; o de qué forma se pueden detectar los problemas y solucionarlos sin información objetiva; y cómo podemos conocer el resultado e impacto de las acciones de gobierno a fin de saber si vamos en la dirección correcta o si existen puntos a corregir.
La información sobre el delito es una herramienta fundamental para la toma de decisiones estratégicas, para identificar las fortalezas y debilidades de nuestros sistemas de seguridad pública, y para diseñar programas y adoptar medidas concretas orientadas a mejorar la gestión en materia de seguridad ciudadana.
Necesitamos mejorar la información para poder formular una política criminal democrática, eficiente y respetuosa de los derechos humanos con una sólida base empírica.
Es preciso contar con estadísticas oficiales actualizadas; con indicadores de desempeño policial; también medir los tiempos de los procesos judiciales, el éxito de la persecución penal y el impacto de las medidas y programas de reinserción social.
Para esto necesitamos generar sistemas de información confiables; recopilar datos duros, análisis de estadísticas oficiales, diseñar indicadores de gestión, realizar encuestas de victimización, entrevistas en profundidad y valorar la experiencia de los actores del sistema de seguridad (policía, fiscales, jueces, etc.).
La información criminal debe estar sistematizada para poder analizarla y estudiarla en profundidad; necesitamos conocer la cantidad y tipo de delitos que se cometen en cada zona para identificar los lugares donde existen más hechos delictivos y su gravedad. La geo-referenciación de los conflictos y el mapa del delito son herramientas útiles para definir intervenciones sectoriales específicas que se sustenten en la problemática y necesidades de cada zona.
Asimismo, también son las encuestas de victimización sirven para poder conocer la “cifra negra del delito”; es decir la cantidad de hechos que ocurrieron en la realidad pero que no fueron denunciados; como así también contar con investigaciones de desempeño policial; esto es: qué hace, cómo y en dónde la policía.
El análisis integral de base empírica debe guiar el diseño de las políticas públicas realistas y sostenibles en el tiempo que no reduzcan la seguridad ciudadana solamente a la fase policial y represiva.
Por otra parte, y a fin de completar el proceso de diseño de la política pública en materia de seguridad, también es importante el acercamiento entre las autoridades y la población para delinear políticas preventivas y represivas contra el delito. Es necesario abrir canales y mecanismos de participación ciudadana que comprometan a las personas con los programas de seguridad ciudadana y que permitan controlar la asignación de recursos y sus resultados.
También es aconsejable que el diagnóstico de la situación se realice de forma participativa y que puedan surgir de los propios ciudadanos las posibles soluciones o lineamientos generales de las propuestas; esto legitima y refuerza la acción del Estado.
Podemos hacer esto, y tomarnos la cuestión de la seguridad en serio, o continuar improvisando a ciegas, con una política criminal disociada de la realidad fuertemente ideologizada que no atiende a los problemas y necesidades de la gente.