La reciente controversia en Tierra del Fuego, enfocada en los recientes ex legisladores Mónica Acosta y Emmanuel Trentino, ha desencadenado un debate crítico sobre la integridad de las prácticas democráticas en la provincia. El epicentro de este debate gira en torno a la creación de cargos a medida, un fenómeno que no solo plantea cuestiones de legalidad, sino que también desafía los principios éticos y la confianza ciudadana en sus representantes.
En una maniobra que ha levantado sospechas de manipulación política, el gobernador Gustavo Melella designó a Mónica Acosta como viceministro de Bienestar Ciudadano, un cargo recién introducido por la Ley de Ministerios. Este nombramiento viola de forma sustantiva el artículo 92 de la Constitución Provincial, que prohíbe a los legisladores ocupar cargos públicos rentados en organismos del Estado Provincial creados durante su mandato y hasta un año después de su finalización.
La transgresión de esta normativa no solo es un posible acto inconstitucional, sino que también representa un desprecio hacia los principios de imparcialidad y equidad en la administración pública.
Por otro lado, Trentino, propuesto para la Secretaría de Enlace Legislativo, un cargo todavía no formalizado pero ya anunciado, plantea otra dimensión del problema. Aunque técnicamente no infringe la Constitución como en el caso de Acosta, su designación plantea interrogantes sobre la necesidad y la justificación detrás de la creación de esta nueva posición, especialmente en un contexto donde se prometía reducir los cargos políticos y optimizar la gestión gubernamental.
Estos casos reflejan la tendencia de crear cargos a medida para acomodar intereses particulares, desafiando abiertamente la Constitución poniendo los intereses personales por encima de cualquier tipo de legalidad. Tal práctica no sólo mina la confianza en las instituciones democráticas, sino que también alimenta la percepción de corrupción y favoritismo en la administración pública.