Para incentivar la movilidad del mercado de alquileres el concejal Silvio Bocchicchio (PSP) propuso que aquellos inmuebles destinados a vivienda unifamiliar que hayan estado deshabitados durante el último año fiscal tributen más impuesto inmobiliario.
De esta manera los propietarios de inmuebles considerados ociosos según lo dispuesto en el proyecto de Ordenanza deberán abonar un recargo establecido en tres veces el monto del Impuesto Inmobiliario, que se incrementará en forma progresiva a los fines de promover la incorporación de viviendas desocupadas a la satisfacción de la demanda habitacional de la Ciudad.
“Esta medida, lejos de tener un fin recaudatorio, pretende ser un nuevo incentivo a la movilidad del mercado inmobiliario apelando a la autonomía del estado municipal de dictar normas regulatorias sobre las propiedades inmuebles ubicadas dentro de su ejido” destacó Bocchicchio.
El edil del Social Patagónico citó como antecedente las 6671 viviendas deshabitadas detectadas en la Provincia por el Censo nacional de 2010 en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, “mientras la Legislatura acaba de dictar una prórroga de Emergencia Urbano Ambiental”, recordó.
El mismo censo registró que el 55% de la población posee vivienda propia, “es decir que el 45% restante depende del mercado de los alquileres para tener un lugar donde vivir; frente a esta demanda es un despropósito que haya tantas viviendas deshabitadas y que el Estado no intervenga para equilibrar este desfasaje”.
El proyecto se basa en el mismo espíritu por el que se creó la Ordenanza que fija el cuádruple del impuesto inmobiliario para los terrenos baldíos respecto de los inmuebles con edificación, “como forma de alentar la construcción en el ejido urbano para satisfacer la demanda habitacional”, comparó.
Este proyecto de Bocchicchio va de la mano con su propuesta para crear un Régimen de Registro, Categorización y Habilitación de Inmuebles destinados al alquiler como vivienda unipersonal o familiar en el ejido de Ushuaia.
En dicha propuesta se definen medidas para garantizar a nivel municipal que la satisfacción de la demanda habitacional y el derecho humano a la vivienda se den en las condiciones de habitabilidad mínima que puedan requerirse para el derecho a la vivienda digna.