El Parlamento fueguino se reunió este miércoles por la tarde, en el marco de la Comisión de Justicia y Seguridad para dar tratamiento a tres asuntos ingresados en el presente período. Se trata de dos iniciativas radicales y una del Ejecutivo. También se espera avanzar en las observaciones sobre modificaciones sobre el Código Contravencional.
En principio, el asunto 063/14, abordó la iniciativa que busca que el ámbito judicial publique acordadas y resoluciones. La otra, iniciativa as. 120/14, espera crear la procuración penitenciaria y finalmente, el as. 079/14, que trata sobre la desfederalización de estupefacientes.
El bloque de la UCR, espera contener los preceptos que establece la Ley Nacional Nº 26856, determina que se publiquen “íntegramente todas las acordadas y resoluciones que dicte” la Corte Suprema de Justicia y todos los tribunales que integran el Poder Judicial. También, en el articulo 7, se invita a los estados federales a “que dicten en sus respectivas jurisdicciones normas de contenido equivalente a las de la presente ley”.
De ese modo, el asunto 063/14 busca receptar “los principio contenidos” en la norma nacional pero entiende que “es consecuencia directa de nuestra Constitución Provincial” cuando manifiesta que “la información y la comunicación” son un bien social.
En un futuro encuentro, los legisladores integrantes de la Comisión de Justicia esperan consultar a integrantes del Poder Judicial de la Provincia su opinión sobre la propuesta del bloque radical. Continuará en debate en la Comisión.
Con esta propuesta, se pretende que “el Poder Judicial proporcione la información concerniente a su funcionamiento, ello, a tenor del principio republicano de Gobierno que determina en su estructura fundamental, la publicidad de los actos”, sostienen desde los fundamentos de la normativa.
En tanto, el asunto 120/14 propone la creación de la figura del procurador legislativo. La iniciativa, enmarcada en “la instauración de un mecanismo nacional independiente para la prevención contra la tortura y el resguardo de los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad” coincide con la Convención contra la tortura.
Propone la figura del procurador legislativo, que se creó a través de la Ley Nacional 25875 y de institución independiente del Poder Ejecutivo. El asunto Nº 120/14 fue girado a la Comisión de Seguridad que preside el legislador Pablo Blanco (UCR).
“En el firme convencimiento de que la defensa de los derechos humanos es un objetivo inclaudicable, no solo desde el prisma político, sino fundamentalmente social y moral” manifiestan desde los fundamentos de la propuesta. El articulado, que llega a los 30 ítems, determina la función del procurador legislativo, forma de elección, duración en el cargo y, además, norma la selección de un auxiliar para asistir en la gestión de la procuraduría legislativa.
Cabe resaltar que desde la UCR, se recordó que nuestra Provincia sancionó en 2011 la Ley Provincial 857 mediante la cual “se crea el Comité de Evaluación y Seguimiento de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
En este apartado, el legislador Eduardo Barrientos, sumó varias propuestas de modificación a la propuesta radical. En diálogo con Prensa Legislativa, el referente justicialista señaló que “es un proyecto de suma importancia e intentamos hacer los aportes más destacados” y así lograr que sea abordado en sesión “lo más pronto posible”. Las correcciones que sumaron desde la bancada del PJ atienden a redacción y suprimir algunas propuestas. Continuará debatiéndose en Comisión.
Finalmente, la gobernadora María Fabiana Ríos, envió al Parlamento el asunto 079/14 sobre la adhesión a la Ley Nacional 26052 que establece la modificación del artículo 34 de la Ley Nacional 23737 que determina los “delitos previstos y penados por esta ley serán competencia de la justicia federal en todo el país”, sostiene en los fundamentos del mensaje 05/14.
En este punto el legislador Pablo Blanco informó que se espera la participación de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, Fiscal Mayor, Defensoría Mayor de la Provincia y de la Asociación de Magistrados de la provincia para conocer su opinión sobre el particular, También serán convocados integrantes del Poder Ejecutivo. Con posterioridad, será igual la convocatoria a integrantes de la justicia federal.
La primera mandataria, considera que “adherir a la ley supra mencionada nos permite como Estado Provincial poder tomar un mayor protagonismo en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico en muchas de sus facetas y allí donde el delito afecta a nuestra comunidad”.
Del encuentro participaron los legisladores Eduardo Barrientos y Susana Siracusa (PJ); Juan Arcando (FPV); Liliana Martínez Allende (UCR); Fabio Marinello (PSP); y Adrián Liendo (PP).