Iván C. Carrino es analista económico de la Fundación Libertad y Progreso (Argentina). Obtuvo su maestría en Economía de la Escuela Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos (España).
Hace poco más de un año, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impuso en Argentina un sistema de control de cambios emulando medidas solo vigentes en la actualidad en países como Cuba, Venezuela o Corea del Norte. A propósito de la medida, entonces, vale la pena recordar cómo resultó, hace más de 60 años, la experiencia de restricciones cambiarias bajo el gobierno del General Juan Domingo Perón.
Si bien “el General” no fue el pionero del control de cambios en el país (este comenzó en 1931 en sintonía con la tendencia de creciente intervencionismo económico que imperaba en el mundo) no renegó de él y le dio un uso que tiene muchos puntos de contacto con la época actual.
La presidencia de Perón, acompañada al principio por unos términos de intercambio favorables, estuvo marcada por el aumento del gasto público y el consecuente déficit fiscal que pasó del 4,5% del PBI, a comienzos de su gestión, al 8,3% durante el último año de mandato, llegando al pico de 15,6% en 19481.
La financiación de estos déficits con la asistencia de la emisión monetaria del Banco Central comenzó a presionar sobre los precios que se elevaron hasta que en marzo de 1952 tocaron el récord máximo de 58,3% anual2.
La creciente inflación se daba en paralelo con un tipo de cambio múltiple y controlado que buscó siempre facilitarle al gobierno la adquisición de divisas baratas de la exportación para subsidiar ciertas importaciones y otros sectores de la economía nacional. De esta forma, mientras pagaba 3,36 m$n3 a los exportadores, el Banco Central vendía dólares “básicos” a 4,23 m$n pero “preferenciales” a 3,73 m$n para la importación de ciertos insumos que los funcionarios consideraran deseables para el país.
El tipo de cambio subvaluado incentivaba las importaciones, lo que generó una fuerte caída en las reservas internacionales que, entre 1945 a 1949, pasaron de US$1.600 a 150 millones4. El gobierno, entonces, decidió restringir la importación imponiendo todo tipo de permisos y autorizaciones, llegando incluso a suspensiones transitorias de los mismos.
Como consecuencia de la combinación entre la política inflacionaria sin precedentes de Perón y el racionamiento de los dólares, aparecieron los mercados negros y la brecha cambiaria llegó al 400%, en 1951, cayendo a solo al 100% hacia el final del mandato.
Este esquema llevó a que, a pesar de los múltiples controles, el gobierno tuviera que devaluar el tipo de cambio oficial en sucesivas oportunidades y —para finales del mandato (1955)— el dólar “oficial” ya cotizaba 242% por encima de su nivel de 19465. Si bien hubo algún intento de estabilización, especialmente a comienzos del segundo gobierno del General, lo cierto es que la inflación seguida de los controles generó, por un lado, un sistema de producción totalmente ineficiente y, por el otro, un clima de incertidumbre generalizada con fuertes presiones devaluatorias que afectaron los niveles de inversión.
A la postre, durante los diez años de gobierno peronista, el PBI per cápita de los argentinos creció un 12% mientras que, en franco contraste, durante el mismo período ese índice había crecido un 22% en Australia y Nueva Zelanda, un 28% en España, un 68% en Italia y un 158% en Austria6.
En conclusión, parafraseando el célebre slogan del pasado, "Perón vuelve", pero las noticias que trae, no son para nada buenas.
Referencias:
1. “El control de cambios en Argentina” (1989), Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
2. Cifras del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina).
3. Se refiere a “pesos moneda nacional”, signo monetario vigente en esa época.
4. Aldo Ferrer (2004), La economía Argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
5. Datos del BCRA (Banco Central de la República Argentina).
6. Ver Gapminder World http://www.gapminder.org/.
Fuente: El Cato Institute