La gobernadora Fabiana Ríos anunció hoy en conferencia de prensa la presentación de una denuncia contra funcionarios del Tribunal de Cuentas y de las gestiones de los gobernadores Carlos Manfredotti, Jorge Colazo y Hugo Cóccaro, por pagos irregulares a la firma Celentano.
La denuncia está fundamentada en una investigación llevada a cabo sobre unos 345 expedientes, libramientos y los propios libros contables de la empresa Celentano, que corresponden a pagos realizados desde el año 1998 hasta el 2005. De esa investigación se desprende que el Estado pagó unos 10 millones de pesos de más “habiendo pasado (los expedientes) varias veces por los responsables de los organismos de control, vocales, auditores, ministros y tesoreros", señaló la Gobernadora.
Unos días antes de asumir su mandato en 2007 “esos expedientes fueron al Tribunal de Cuentas, y quedaron allí hasta que la Justicia los solicitó en 2010”, por lo que “resulta muy difícil explicar cómo pudieron confluir tantas voluntades o falta de voluntades para mostrar esto que a muchos les gusta mostrar: que el Estado es tonto y que cuidar los bienes del estado es una tarea inútil”, sostuvo.
Los denunciados “son al menos 10 o 12 que tuvieron intervención y que tendrán que dar cuenta de su actuación” dijo la Gobernadora, entre ellos Claudio Ricciuti y Emilio May del Tribunal de Cuentas, y los ex funcionarios Fabiana Page, Gabriel Allegro, José Mallemacci, Juan Manuel Romano, Rafael Choren, Emilio May, Carlos Seoane, Horacio Sosa y Claudio Ricciuti.
"Esto está demostrado con pruebas, con cientos de expedientes que llevaremos a la Justicia" ratificó la Mandataria, a la vez que destacó la colaboración del empresario Celentano "que puso a disposición todos sus libros contables".
Por su parte, el ministro de Economía Osvaldo Monti, explicó los orígenes de la causa, precisando que “el 17 de mayo del 2010, el proveedor Celentano presentó una demanda en sede judicial por dos causas: una de ellas tiene que ver con 21 millones 100 mil pesos vinculados con algunos saldos adeudados del año 2000 a 2003 y con 4 millones relacionados con el pago de las Letras y otras acreencias”.
“Se suscitaron una serie de acontecimientos a partir de distintas intervenciones de funcionarios, auditores contables y demás, donde se constata que se hicieron pagos a cuenta que no se imputaban contra una factura determinada, sino que se pagaban a cuenta de determinados expedientes que estaban aperturados en la Administración”, describió Monti.
En este marco es que “se ordena una investigación donde se conforma una Comisión a tal efecto mediante la Resolución 423 del Ministerio de Economía”, agregó. Monti remarcó que “el trabajo fue muy arduo, ya que estamos hablando de 345 expedientes a constatar, y de verificar factura por factura”.
“En ese cruce de información se constata que en 100 facturas los montos no se correspondían con lo que declaraba el proveedor, y eso también estamos ahora informándolo a la causa. El número de factura coincidía, pero cuando íbamos al importe, por dar un ejemplo, si la factura era de 450 pesos, en el anexo del proveedor figuraba por 45 mil pesos”.
Ante esta situación “tomé contacto directo con el proveedor, y tengo que decir que el proveedor prestó toda su colaboración y a partir de julio se hizo un trabajo en conjunto entre la Comisión con gente de la empresa, accediendo a los libros”.
Entendió que “lo importante es que la tarea de investigación ya está concluida, que mejor prueba que ir a los libros del proveedor, es así que se realizaron tres reuniones en julio, en donde el 16 de julio de 2014 se concilió el año 2000 y 2001 con los libros del proveedor, el 21 de julio los años 1998, 1999, 2002 y 2004 y el 25 de julio se concluyó el proceso de conciliación con 2003 y 2004”.
Señaló que “el total facturado del proveedor al Estado por todo concepto desde el año 1998 al 2004, fue de $46.884.308 pesos. Eso contrastado con los libramientos y los pagos realizados al proveedor desde el 2000 al 2004 por el gobierno provincial da la suma de $51.574.588, es decir, hasta el 2004 se habían pagado de más $4.690.280 pesos”.
“Cuando se inicia el reclamo administrativo, ya se había pagado de más. Si a eso le sumamos los pagos a cuenta que se hicieron en el expediente administrativo, que no fueron por 3 millones porque en realidad se pagaron $5.334.000 pesos, eso la da la suma de $10.24.788 pesos pagados de más”, concluyó.
Finalizada la conferencia de prensa, la Gobernadora y el Ministro de Economía se hicieron presentes ante la Justicia radicando la denuncia que fue registrada bajo el número 2905/14.
Si el Estado hubiera obrado sin constatar estos números, “le habría hecho un daño de 40 millones de pesos a las arcas públicas, pero sin embargo termina con una acreencia a favor del Estado provincial”, manifestó la Gobernadora.