El diputado nacional Francisco de Narváez terció en la polémica generada en torno a la actividad de delincuentes extranjeros, presentando un proyecto para modificar la Ley de Migraciones. El legislador bonaerense prevé que cualquier delito cometido por un extranjero sea razón suficiente para su expulsión, que hoy sólo puede pedirse si el delito tiene penas mayores a 3 años. Así quedan afuera delitos tales como robo y hurto simple y lesiones, entre otros.
El proyecto cuenta con un solo artículo, que modifica el inciso “c” del artículo 29 de la Ley 25.871 que quedará redactado de la siguiente manera: “Haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o cualquier otra conducta tipificada como delito para la legislación argentina”.
De Narváez recuerda en los fundamentos que de acuerdo con la legislación actual, “una gran cantidad de delitos que hoy son cometidos por extranjeros quedan fuera de lo contemplado por la norma, entre ellos lesiones graves y gravísimas, siempre que no sean calificadas, el homicidio simple en estado de emoción violenta, el abuso sexual simple, el hurto simple, el robo simple, algunos robos agravados, las estafas y otras defraudaciones, el delito de usurpación , el delito de daños, el delito de asociación ilícita para quienes no revistan la calidad de jefes u organizadores, amenazas y las coacciones simples y la privación de libertad simple entre otros”.
Añade que según información recientemente publicada en la prensa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 20% de los delitos son cometidos por extranjeros. Asimismo el 22,4% de los internos de las cárceles federales son de origen extranjero.
Por otra parte, el proyecto destaca que informaciones del Ministerio Público de la Defensa dan cuenta hasta el primer semestre de 2011 que los extranjeros representaban al 9% de los acusados en el fuero criminal, y la proporción de acusados sin ciudadanía argentina creció radicalmente desde entonces hasta el 27,5% consignado para las causas tratadas entre julio de ese año y julio de 2013.