El Ministro Jefe de Gabinete, Sergio Araque, junto a la Secretaria de Gestión Administrativa y Financiera del Ministerio de Salud, Romina Ortega, participaron de la reunión realizada en conjunto por las comisiones N°5 y N°2 de la Legislatura donde se abordó el proyecto del Poder Ejecutivo sobre financiamiento de la salud pública.
Luego de la misma, la funcionaria del Ministerio de Salud se refirió a las complicaciones que generan al servicio de salud público provincial la vigencia de la Ley de arancelamiento hospitalario (N° 932), recordando que la reglamentación de dicha norma fue observada por los organismos de control, por cuestiones vinculadas con conflicto con otras leyes, y los responsables de los programas nacionales, que también advirtieron que con el arancelamiento se ponen en riesgo los recursos que se envían para los Centros de Atención Primaria de la Salud.
Cabe recordar que el Proyecto enviado por el Poder Ejecutivo planteaba, entre otras cuestiones, la necesidad de dejar sin efecto la Ley de arancelamiento de los hospitales públicos. Esta medida se basa en el perjuicio que se genera con la vigencia de esta norma, imposibilitando la aplicación de programas nacionales de salud.
En el mismo sentido, es de destacar que la vigencia del arancelamiento significa el ingreso de alrededor de 1 millón de pesos y que la caída de los programas nacionales significa la pérdida de alrededor de 8 millones de pesos.
Ortega observó que esta no es una ley impuesta por el Poder Ejecutivo, sólo es una propuesta “en la que llevamos ocho meses de trabajo, en el seno de la Comisión de Salud”, y que además, han sido reclamadas por Directores de Hospitales, por los propios trabajadores de salud y por los gremios.
La funcionaria cifró sus esperanzas en que con los Parlamentarios “se pueda llegar a un acuerdo, en el entendimiento de que las Instituciones sanitarias necesitan ir adecuando cuestiones administrativas al escenario actual, que además están impactando seriamente en la gestión de los establecimientos”.
Entre los programas que se verían afectados si se arancela la atención sanitaria se encuentra el Programa Remediar, que distribuye medicamentos en forma gratuita; y la logística que distribuye vacunas, leche y una serie de insumos más que tienen financiamiento internacional.
Por este motivo es que “se pensó en trabajar una ley que buscara una alternativa a esta situación que se había generado”, dijo ya que “no hay otra forma con la que el Poder Ejecutivo pueda impedir el cumplimiento de una ley promulgada, tras insistencia legislativa, que no sea con otra ley que derogue la vigente y establezca una distinta y superadora”.
Además señaló que el proyecto enviado contempla “muchísimas otras cuestiones, como la adecuación de aspectos que devienen de la ley 554, de creación de los fondos hospitalarios; la creación de fondos de afectación específica para los Centros de Atención Primaria de la Salud; compartir con Fiscalía de Estado la potestad de conducir juicios ejecutivos tendientes al cobro de deuda”. Además de contar con un nomenclador que determine un monto base de las prestaciones y toda una serie de asuntos para los que hoy no existen herramientas.