Pese a los recursos que la Municipalidad de Ushuaia percibe por distintos conceptos y las posibilidades de inversión en que podrían traducirse dichos recursos, la realidad de los asentamientos se mantiene exacta, procediéndose pura y exclusivamente al desalojo y reubicación en módulos habitacionales que ya han sido cuestionados por el hacinamiento que implican para algunas familias. La política habitacional, en este sentido, consistió en la implementación de medidas que guardan más similitud con la creación de ghettos y la profundización de la segregación espacial urbana que caracterizó gran parte de la explosión demográfica. La existencia de barrios de primera y de segunda, esto es, aquellos cuya regularización dominial se alcanzó hace tiempo y aquellos que aun tiene dificultades para lograrla – caso barrio Bella Vista cuyos habitantes fueron "invitados" a irse por la propia concejal del oficialismo Viviana Guglielmi-, y la presencia de asentamientos irregulares, donde la existencia de derechos es ignorada por las propias autoridades municipales, quedando asimiladas a limbos jurídicos – puesto que no pueden crecer pero tampoco obtienen mejoras, quedando como islas de subdesarrollo-; se ha vuelto, quizá, la característica distintiva de la política que en relación a la ocupación del espacio urbano llevó a cabo la gestión encabezada por el intendente Federico Sciurano.
En las primeras horas de la mañana de este lunes se llevó adelante una medida judicial que ordenó el desalojo de una vivienda ubicada en el asentamiento 10 de febrero del Monte Gallinero. La Municipalidad de Ushuaia dispuso el alojamiento de las personas demandadas en un módulo habitacional del Valle de Andorra.
El Municipio dispuso el operativo de mudanza y desarme y la Policía Provincial realizó tareas de prevención. Durante el desarme se hizo presente el abogado particular de las personas desalojadas, mientras que otras tomaban fotografías y filmaban el procedimiento judicial.
En el sector judicializado, quedan aún asentadas seis familias de las 49 ocupaciones que se suscitaron en febrero de 2007. En su momento, más de veinte familias se trasladaron de manera voluntaria hacia los módulos que la Municipalidad construyó para tal fin.
Las personas restantes que se negaron a abandonar el espacio fiscal, quedaron a la espera de la decisión judicial que, como resultado inexorable, ha determinado el desalojo para el saneamiento del turbal urbano.
La Municipalidad ha solicitado en reiteradas oportunidades a las personas que permanecen en el turbal, que se acerquen para su relocalización en forma inmediata, evitando de esta manera que sea realizado mediante el desalojo judicial.