Con la presencia de la titular de la cartera de Desarrollo Social y miembros del Observatorio de discapacidad, la Comisión 5 analizó la situación sobre otorgamiento y pago de pensiones RUPE. La legisladora Claudia Andrade sostuvo que el encuentro resultó muy “claro” y puntualizó que “las pensiones restantes, se empezarán a devengar a partir de enero de 2015”
Al inicio del encuentro la titular de la cartera del Ejecutivo, ministra Marisa Montero, pidió conocer a los integrantes del Observatorio de Discapacidad y presentó a su equipo técnico. Luego de las presentaciones pertinentes, la funcionaria consideró oportuna la ocasión, que posibilita aclarar cuestiones que se “han mediatizado y han llevado a tergiversaciones”. También se definió la figura pública del Observatorio, que se constituye a través de la Convención Internacional de los derechos de personas con discapacidad.
Consultada sobre la situación del régimen especial de pensiones especiales (RUPE), Montero señaló que “no se ha procedido a la suspensión de ningún trámite”. En este sentido, consideró que ese instrumento no significa “un beneficio” sino que se trata de un derecho de las personas con discapacidad. “No se ha procedido a la suspensión” y reforzó al anunciar que la “tramitación de las pensiones, continua”.
“Estamos tramitando pensiones de este año y del anterior que están próximas a devengarse, pero además de esto, hemos adelantado la totalidad de los proyectos de decreto para hacer efectivo, a partir de 2015, donde sí vamos a tener las partidas y se empiecen a devengar. Se trata de una dilación al 18 de noviembre”.
En este sentido, anunció que resta gestionar 112 pensiones -44 del 2013, 68 del 2014, uno del 2012 y otro de 2011- y que por distintas cuestiones administrativas, se han visto demoradas en su circuito normal de tramitación. Amén de ello apunto: “En ningún momento, desde el Ministerio de Desarrollo Social, hemos dicho que había suspensión”, reiteró.
Luego, el encuentro continuó con el abordaje en detalles sobre la tramitación de una pensión, las características que se tienen en cuenta a la hora de evaluar el otorgamiento de dicha figura. También, sobre el control del otorgamiento y lo normado.
Montero explicó que, de acuerdo a la Ley Provincial 959 (articulo 25) se “nos puso un tope de 10 millones para otorgar pensiones. Esa Ley, que votó la Legislatura, nos puso ese techo”. La funcionaria refiere al texto del Presupuesto 2014 que dice: “Fíjase en la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) la partida de Transferencias a personas, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, a efectos de afrontar el otorgamiento de nuevos beneficios previstos bajo el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), Ley provincial 389, durante el Ejercicio 2014”.
En este sentido, Montero dijo que “por más que modifiquemos partidas, si los recursos no están es imposible inventarlos. Estamos hablando de fondos públicos y de una Provincia, donde no hay fecha límite para la presentación de un trámite” de pensión.
Respecto del control del otorgamiento de pensiones, Montero aclaró que la normativa vigente “da la pensión por discapacidad en razón de la discapacidad” y agregó que su área no puede gestionar informes sociales.
Con posterioridad, representantes del Observatorio de Discapacidad, efectuaron consultas respecto de la gestión del Ministerio frente al otorgamiento y pago de las mismas. También sobre el certificado único de discapacidad y se expusieron situaciones puntuales.