Luego de ingresar al Parlamento en noviembre último, los Legisladores sancionaron el procedimiento judicial de protección de victimas de violencia familiar. Fue en la última sesión ordinaria de 2014. Iniciativa de la bancada de la UCR, busca prever las medidas de protección judicial para la víctima y las sanciones para quien la ejerza. Supone una actualización a la ley 39 que data de los años 90.
Como definición, la normativa sostiene que violencia familiar es “toda acción, omisión o abuso dirigido a dominar, someter, controlar o agredir la integridad física, psíquica, moral, psicoemocional, sexual o la libertad de una persona en el ámbito de las relaciones familiares, aunque la misma no configure delito”. También dispone que aquellas personas que fueren víctimas “por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar los hechos en forma oral o escrita ante cualquier autoridad judicial o policial”.
Así, con esta nueva herramienta, “se intenta dotar al Poder Judicial de una normativa que permita dar respuestas coherentes y adecuadas a las personas que son víctimas del flagelo que tratamos, es por ello que planteamos un régimen más preciso y amplio en todo lo relativo al procedimiento judicial”, se desprende de los fundamentos.
Desde la bancada radical plantearon que “se persigue el bien común, en cumplimiento de la función legislativa que nos fue encomendada” y se trata de una modificación “integral de la ley 39 (violencia familiar: creación de un procedimiento judicial especial para la protección a victimas de la misma), para de esta manera adecuarla a nuevas necesidades sociales y paradigmas de investigación”. Asimismo, agregan que en la articulación del texto participaron “sectores relacionados con los distintos Poderes del Estado, profesionales e idóneos de las distintas ciencias relacionadas”.