Un 20 de diciembre de 2001, pasadas las 7 de la tarde, Fernando De la Rúa renunciaba a la Presidencia de la Nación en medio de protestas por una crisis social y económica caracterizada por el mantenimiento de una convertibilidad que se mostraba agotada, el crecimiento de la pobreza y la indigencia, la falta de confianza de inversores, un Fondo Monetario Internacional (FMI) que optaba por soltarle la mano y un Partido Justicialista (PJ) y una Unión Cívica Radical (UCR) que pedían cambio de rumbo y renuncia de la única salvación a la que se había aferrado el presidente: Domingo Felipe Cavallo.
Las protestas, que se habían profundizado desde la implementación del conocido corralito, norma impulsada por el ministro Cavallo, que impedía la extracción de más de $250 semanales, afectando a una ya de por sí alicaída economía al obligarla a restringir sus movimientos financieros o directamente el acceso a dinero en efectivo para la población no bancarizada; obligaron a decretar el Estado de Sitio, medida que no significó nada pues las manifestaciones y la violencia en las calles recrudecieron.
Pese a lo que se cree, 2001 no sólo no fue el punto más bajo de la crisis socioeconómica que afectaba a la Argentina desde 1998, sino que siguió profundizándose durante 2002 con Eduardo Duhalde al frente de la Presidencia. Si a Ricardo López Murphy, en 2001, las protestas por el ajuste que promovía lo obligaron a dimitir en la cartera económica; Duhalde corrió mucha mejor suerte cuando devaluó la moneda argentina en un cuarenta por ciento (oficial), provocando un agravamiento de la crisis mucho más brusco, abrupto y profundo que el que impulsaba aquel.
Para conocer más sobre este aniversario, no podemos no remontarnos a la década de los noventa de reformas durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem, sus privatizaciones de empresas estatales y la creciente precarización que empezó a inundar sectores cada vez más amplios de la sociedad. Los piquetes en la provincia de Neuquén por parte de desocupados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) o la carpa que instalaron docentes en protesta por la reforma educativa y las condiciones laborales que afrontaban, fueron los primeros síntomas de una sociedad que antaño había tenido una numerosa clase media como característica distintiva pero que, poco a poco, iba conociendo los rigores de una pobreza creciente.
El 2001 (y el 2002) fue el año en el que la pobreza hizo su aparición con fuerza como señal de un país que ya no sería. El desocupado (o precarizado) como sujeto político que encontraría en las organizaciones sociales su cauce para reclamar y vincularse con el Estado no desaparecería más. Incluso la cantidad de planes sociales instrumentados fue mayor, lo mismo que aumentaba la cifra de beneficiados. Esta capacidad de negociación política motivó el auge de dirigentes que hicieron de la pobreza su gran leitmotiv. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el Polo Obrero maneja recursos por más de cinco mil millones de pesos. La asistencia a piquetes y la amenaza de quitar ayudas distribuidas arbitrariamente por dirigentes que se arrogan el poder de decir quién recibe una ayuda y quién no, provocó que la ministro de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, dijera que el control de la asistencia de quienes perciben las ayudas dejaría de ser obligatorio, al tomar conocimiento que dicho control constituye una especie de “pasada de lista” sobre quienes van a las protestas o no.
Claramente el desocupado como sujeto político constituyó un desafío para los sindicatos tradicionales formados en la Argentina industrial de la segunda mitad del siglo XX y bajo un Estado benefactor que conciliaba los intereses de los empleados y las patronales en pugna, mediante convenios colectivos de trabajo y normativas de distinto carácter. La aparición de aplicaciones digitales genera una nueva camada de trabajadores (repartidores a domicilio o transporte de pasajeros, por caso) que representan un desafío al que se enfrentan trabajadores que pretenden prohibir los derechos laborales de quienes están en dichos sectores pero también para los legisladores que deben contemplar estas herramientas como parte de un mundo cada vez más complejo en las relaciones laborales.
Si la pobreza como fenómeno apareció con fuerza para no irse en 2001/02, la política fragmentada fue el componente en el sistema político e institucional que heredamos de dicha crisis. Es una especie de mito la posibilidad que dirigentes como Raúl Alfonsín o el mencionado Duhalde hayan tenido algún tipo de vinculación que los pudiera colocar como responsables del desencadenamiento de la crisis. Alfonsín, si la tuvo, no la ha dado a conocer jamás. Duhalde fue el presidente interino como corolario de cinco presidentes (Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Duhalde), en una semana en la que nadie quiso hacerse cargo del monstruo que, de todas maneras, habían contribuido a pergeñar.
La crisis de legitimidad que afectó al radicalismo también lo hizo con el peronismo, a punto tal que, en 2003, cuando Néstor Kirchner asume la presidencia, lo hace por un grupúsculo denominado Frente de Todos, que fue variando su denominación a medida que su encanto iba desgastándose, todo con el propósito de continuar usufructuando las mieles de un Estado nacional.
Otro gran mito del que no hay certezas es el direccionamiento político en las protestas y los saqueos. La presunta inoperatividad de la Policía Bonaerense, en manos de un gobernador como Carlos Ruckauf, que terminó soltándole la mano a De la Rúa; la pasividad de los intendentes que hacían poco y nada por minimizar el impacto de las protestas; y la supuesta organización de los saqueos mediante grupos que atacaban de manera coordinada; son parte de una gran historia que asoma como tufillo la historia de la crisis. Vehículos cuyos ocupantes se comunicaban mediante walkies talkies, saqueadores guiados con un grupo que violentaba instalaciones mientras un segundo grupo lo hacía sobre cajas registrados o dinero en efectivo y un tercer contingente que lo hacía con alimentos y bebidas, son parte del relato de la violencia de esos días. Incluso con causas judiciales sobre notas y papeles encontrados en las zonas de las manifestaciones, no han derivado en investigaciones profundas en torno a la naturaleza de las protestas.
22 años después de estos hechos, la política argentina pareciera no haber aprendido sobre algunas cosas. La renuncia de De la Rúa, que constituye en estricto sentido de la verdad, el primer golpe de Estado civil del país y la primera interrupción constitucional del siglo XXI, mostró a un peronismo agazapado a la espera de hacerse del poder previa desestabilización desembozada sin más fin que el poder por el poder mismo. Sergio Massa, en 2023, en la etapa preelectoral, por caso, contó con el respaldo de un FMI que, de haber tenido el 1% de semejante contemplación, pero con De la Rúa, la historia seguramente sea otra. Pero la victimización del justicialismo cuando está en el poder y sus intentonas golpistas cuando es oposición, representa la peor versión de una convivencia democrática condicionada a la permanencia de ciertos sectores en el poder. Al alba de un nuevo gobierno no peronista en el tramo final de 2023, lograr una convivencia pacífica sin que haya nuevas pretensiones de interrupción ni complicidades o irresponsabilidades para con la democracia que cumple 40 años, representa un nuevo desafío con un espejo para nada benigno de la historia reciente de nuestro país.