El 27 de Abril se cumplió un nuevo aniversario de la sanción de la Ley 23775 por parte del Congreso de la Nación, estableciendo la provincialización del último territorio nacional que quedaba en el país: el de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlántico Sur. Fue este 27 de abril que el anhelo de quienes forjaron la historia de esta región perfiló el último tramo de un camino que parecía inexorable desde que en la década de los 80, al calor de la primavera democrática y la revalorización del federalismo y el nuevo impulso de las tierras olvidadas por los mullidos y cómodos despachos oficiales de la Capital Federal, el entonces presidente Raúl Alfonsín sostuviera, entre otras cosas, la necesidad de de trasladar la capital de la República a Viedma; se refiriera a la Patagonia como la cuna de una nueva civilización para el resto del país; y propusiera la provincialización de Tierra del Fuego.
El 26 de abril, la Cámara de Diputados ya había dado media sanción al proyecto de Ley que el 27 se aprobara. Pero esta huella sólo sería un pequeño paso hacia otras escalas. La elección de una Convención Constituyente que redactara y sancionara la Constitución Provincial; la elección de gobernador y vice por parte del pueblo de la Provincia; el proceso de sanción de las primeras leyes, algunas de ellas fundamentales en la configuración del cuerpo legal que regiría la vida de las personas de una Provincia que, en ese momento, atravesaba el preludio de la gran debacle producida por la ley de convertibilidad entre el peso y el dólar estadounidense; son distintas etapas que, cada una en su singularidad, tendrían el común denominador de ser la causa pero también el resultado de décadas de duros sacrificios de quienes aceptaron el desafío de poblar el sur del sur.
Así como con la organización institucional de la República Argentina se señala que la redacción y sanción de la Constitución Nacional por parte de quienes conformaron la Convención Constituyente reunida en Santa Fe en 1853, fue el primer paso de un proceso que duró aproximadamente treinta años, hasta 1880, para cuyo año ya se había sancionadlos Códigos Civil, se había establecido la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires y se había consolidado el territorio nacional mediante el dominio y la jurisdicción de las tierras en detrimento de los ejércitos sostenidos por los caudillos provinciales; Tierra del Fuego también, como unidad política, atravesó similar proceso, sólo que en menos años, con la sanción de su Carta Magna, su Ley de Contabilidad, su Código Procesal Penal, entre otras. Lamentablemente, existen aun mojones no superados. Tal como señalara la propia gobernadora Fabiana Ríos en su discurso inaugural del 1 de marzo, la Ley de Aguas y la Ley de Educación que adecúe el marco legal a lo establecido en la Ley Nacional de Educación 26206 – en sujeción a la pirámide jurídica-, son dos escollos que la Legislatura parece no querer atravesar. Por otra parte, si bien dejando de lado el aspecto legal, no por ello deja de ser relevante; no hay que dejar de recordar lo que constituye la práctica y las interrelaciones en el sistema político fueguino. Sigue en pie de actualidad una serie de prácticas más acordes a los viejos vicios de la política criolla que a los bríos y renovados aires que parecían prometer no sólo los actores políticos de la provincialización, sino también las acciones que dichos actores promovían – la mayoría de las veces en forma exitosa-, mediante leyes y discursos de lo que podríamos definir como “Era Fundacional” del Estado Fueguino.
Quedan, a 24 años de la sanción de dicha Ley, los balances de unos años donde se dieron muchísimas situaciones, algunas gratas, otras no lo tanto, pero que son, ni más ni menos, que el fiel reflejo de lo que nuestras aspiraciones fueron, pero lo que también es nuestra realidad, cual espejo de los fueguinos – nativos y por adopción-, somos en materia cívica.