La provincialización del entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de la sanción de la Ley 23775 el 26 de abril de 1990 y la jura de la Constitución Provincial el 1 de junio de 1991, es el resultado de procesos que se desarrollaron gracias a la labor abnegada de pioneros que bregaron por alcanzar dicho status durante dfécadas, pero también de la decisión política del presidente Raúl Alfonsín, cuando en la primavera democrática de los ochenta tras la larga noche dictatorial concibió a la democracia como algo más que un mero conjunto de procedimientos que garantizaran la elección y la legitimidad de los representantes.
A partir de la asunción de Alfonsín como presidente el 10 de diciembre de 1983, los derechos humanos fue concebido como un asunto que debía ser encarado fuertemente, algo que concretó mediante iniciativas como el Juicio a las Juntas, la derogación de la censura en el ámbito cinematográfico mediante la disolución del Ente de Calificación Cinematográfica y la publicación del Nunca Más como reseña de las violaciones a las libertades y garantías individuales y la integridad de las personas. Pero también existieron propuestas que iban al nudo de los problemas de la democracia, como la concentración del poder y la necesidad de descentralizar y fortalecer el sistema de pesos y contrapesos inherente a todo sistema democrático. Así, la creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia que elaboró parte de la propuesta de reforma constitucional que se concretaría años después, incorporando derechos de tercera generación -como el derecho al desarollo sostenible, a un ambiente sano, a la paz, de los consumidores, entre otros- , fue una de esas herramientas. Pero el Proyecto Patagonia, que incluía el traslado de la capital a Viedma y la provincialización del último territorio nacional, el de Tierra del Fuego, resultaría uno de esos platos agridulces que aún hoy no terminamos de asumir como propios los argentinos.
El traslado de la capital a Viedma ahondaba en un problema de larga data, como es el de la macrocefalia, traducido comúnmente en el famosísimo refrán que reza que "Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires". No obstante, dicho traslado se transformaría en una quimera y la posibilidad de concretar semejante tarea quedaría en el olvido con el paso de los años y la urgencia de tantos otros temas que ocupan la agenda pública, política e institucional.
La provincialización de Tierra del Fuego, en tanto, sí sería realidad, aunque debía esperarse a la madrugada del 26 de abril de 1990, cuando el Congreso de la Nación sanciona la Ley cuyo número, 23775, sería el puntapié inicial para avizorar una realidad anhelada durante décadas y cuyos pioneros, entre ellos el gobernador Ernesto Manuel Campos, sería de gravitación fenomenal por su visión de largo plazo procurando la internalización de un proyecto de desarrollo que contemplara las riquezas naturales que poseía el entonces territorio nacional.
Es dable destacar el contexto que atravesaba Tierra del Fuego en los años ochenta. Con una capital establecida en Ushuaia que fue, durante la primera mitad del siglo XX, un poblado dependiente de la Armada y de la Cárcel de Reincidentes, por donde pasarían personajes tristemente célebres -por sus fechorías como Cayetano Santos Godino pero también por ser el destino elegido por golpistas de distinta calaña para los partidarios de la democracia perseguidos y caídos en desgracia como Ricardo Rojas u Honorio Pueyrredón-, su crecimiento no fue el deseable, dada la fama que dicho establecimiento penitenciario otorgaba a la zona. El halo de oscuridad y castigo que se cernía sobre Ushuaia, era equiparable al de la Siberia durante los regímenes comunistas de la Rusia soviética. Pese a que el Presidio fue cerrado en 1947 por decreto del entonces presidente Juan Domingo Perón, la Ushuaia post presidio no lograba desprenderse del fantasma de la Cárcel, cual karma que no le permitía avanzar aprendiendo de su experiencia. La instalación de dependencias pertenecientes al Estado Nacional y el mejoramiento de la infraestructura -con la radicación de personal que dicha tarea conlleva- no alcanzaba a contribuir al despegue socioeconómico.
Todo cambiaría en 1972: la Ley 19640 de Promoción Económica con sus subregímenes de promoción industrial y exención impositiva, sería el punto de partida para la radicación de pobladores que veían en dichos beneficios la oportunidad de iniciar un mejor proyecto de vida. Con el advenimiento de la dictadura en 1976 y la apertura comercial, empresas que habían sido perjudicadas empezaron a ver con mejores ojos la Isla que pocas décadas antes era sinónimo de exilio político y de refugio tras gélidos muros de piedra de asesinos conocidos por su saña y crueldad.
El crecimiento poblacional que Tierra del Fuego vivió a partir de los años 70 y 80 sería de dimensiones tan importantes que aún hoy se advierten consecuencias -sobre todo en lo atinente al desarrollo y la consolidación de las urbes-. A los pequeños caseríos con huertas y de idílica cotidianidad, le sucedió un crecimiento exponencial en términos demográficos pero también de actividad económica. Fábricas con beneficios impositivos que, no pocas veces, generaron dudas sobre la reinversión hecha; turismo de cruceros que se cuenta de a miles; inversión inmobiliaria que dio paso a gigantes moles que reemplazaron las tradicionales casas con techo de chapa acanalada a dos aguas y bow window; y, sobre todo, la posibilidad de empezar a elegir a los representantes del pueblo en un Concejo Deliberante para cada ciudad, la Legislatura y los intendentes; para terminar dando lugar a la elección de gobernador que dirigiera los destinos de quienes habían optado desarrollar un proyecto de vida en Tierra del Fuego.
Es interesante hacer mención al llamado proyecto de vida. Dicha denominación, a la que aludiera el naciente Movimiento Popular Fueguino -partido nacido de la Unión Popular Fueguina de Ushuaia y la Agrupación Vecinal de Río Grande un 8 de mayo de 1995-, contiene una importante filosofía: la de reflejar en una Carta Magna las aspiraciones, los proyectos pero también las perspectivas de vecinos entre quienes había pioneros, obreros industriales arraigados al calor de la promoción industrial, comerciantes que habían desarrollado su actividad con el impulso poblacional y la demanda que generaba; y los cada vez más fueguinos que nacían, se criaban y probablemente pretendían, no sólo nacer y criarse, sino también tener su devenir en una Ushuaia que se proyectaba turística, una Río Grande que profundizaba su perfil industrial, un pequeño Tolhuin que podía combinar actividad forestal pero también comercial y turística, un Puerto Almanza con sus pequeñas embarcaciones de explotación de riquezas del canal Beagle que alguna vez había sido testigo mudo de Charles Darwin y Robert Fitz Roy.
Este 2021, a 30 años de la sanción de ese proyecto de vida que fue y es la Constitución Provincial, nos mantiene ocupados en las minucias de la política y la economía local. Desafíos que nos persiguen como hace 15 años e incluso más. Soberanos de nuestro destino, también somos decisores de lo que somos. Indudablemente las instituciones han mostrado limitaciones, falencias y problemas. Pero también muestra oportunidades que no podemos desaprovechar. El proyecto de vida sigue vigente, pese a muchos, pese a todo.
Nota: en la imagen que ilustra la nota, se observa el momento en que la convencional del Movimiento Popular Fueguino (MoPoF), Elena Rubio de Mingorance, tras el grito de "El pueblo quiere jurarla" (cuya pronunciación, luego se sabría, la hizo el referente de la Unión Cívica Radical, Miguel Angel Fonte), procede a tomar a los vecinos reunidos en la ocasión a jurar la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur