Un 6 de septiembre de 1930 se concretaba el primer golpe de Estado cívico militar contra el entonces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen. Líder de la Unión Cívica Radical (UCR), cumpliendo su segundo mandato tras haber sido electo en 1928, esta primera interrupción del orden constitucional reflejó la cristalización de un ímpetu que se venía generando desde la sanción de la Ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio de 1912, que daría fin a los gobiernos oligárquicos dando paso al ascenso del radicalismo y las masas populares en 1916.
Encabezado por José Félix Uriburu, el golpe de Estado fue el summum de un estado de ideas proclive a darle fundamento al nuevo gobierno. Leopoldo Lugones ya lo había anticipado aludiendo a la “Hora de la Espada” y la reivindicación de un nacionalismo católico conservador que sería uno de los pilares del régimen de facto. De la mano de los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta, el llamado del ya mencionado Lugones y el apoyo de sectores que se habían visto desplazados tras el ascenso del radicalismo en 1916, las autoridades que asumirían el poder inaugurarían una nueva etapa de un país que empezaba a sufrir algunos cambios que explicarían parte de los procesos políticos y socioeconómicos de los años venideros.
No se debe dejar de mencionar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada al momento del golpe por José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna; junto al procurador general de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta -tío bisabuelo del actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-; emitieron una acordada el 10 de septiembre que sostenía que debían posicionarse frente a un hecho consumado reconociendo que carecían de la fuerza para modificar el cursos de los acontecimientos pero debían procurar salvaguardar valores institucionales íntimamente ligados a la noción de una democracia republicana. Esta acordada, que sentó jurisprudencia para los sucesivos golpes que se llevaron adelante hasta los años 70, sería uno de los elementos primordiales a la hora de evaluar la responsabilidad civil en cuanto a su rol legitimador de las interrupciones del orden constitucional.
Yrigoyen asumió la primera magistratura en 1916 tras el triunfo en los comicios con la Ley Sáenz Peña. Con dicha victoria, el radicalismo, que había surgido tras la Revolución del Parque de 1890 y la escisión de la Unión Cívica Nacional -acuerdista de la mano de Bartolomé Mitre estrechada con Julio Argentino Roca- en 1891; había protagonizado episodios revolucionarios rápidamente sofocados pero que reflejaban el descontento con el régimen imperante. Así como en 1890 la Revolución fue vencida pero el gobierno de Miguel Juárez Celman estaba muerto, derivando en la asunción de Carlos Pellegrini; la conflictividad adquiría ribetes preocupantes ya que debemos adicionar a la oposición de sectores anarquistas. El régimen oligárquico optó, finalmente y tras varias idas y vueltas, por una salida dentro del sistema político, impulsando la Ley de Voto Universal, Secreto y Obligatorio que sería sancionada en 1912 y pretendía integrar al juego político electoral a un radicalismo que desgastaba con cada levantamiento a los distintos gobiernos a los que se enfrentaba.
En 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial inició un tímido proceso de industrialización enfocado más en el reemplazo nacional de aquellos bienes que no se podían importar por efectos de la conflagración en curso. Dichos cambios en la matriz productiva se mantendrían durante los años 20 aunque la prevalencia del sector agropecuario no sería alterada. No obstante, el jueves negro de 1929 con la consiguiente crisis económica que golpeó a occidente sería el inicio del fin del gobierno de Yrigoyen, que en 1922 había sido sucedido por Marcelo Torcuato de Alvear, correligionario de aquel, pero con seguidores que conformaron el antipersonalismo. Este sector, que se presentó en los comicios de 1928 con la fórmula integrada por Leopoldo Melo y Vicente Gallo, tendría su rol en el golpe, pero su papel configura un capítulo bastante opaco del radicalismo argentino. La derrota de esta fórmula no significó el abandono de los intentos por hacer a un lado al líder radical que ya se encontraba con un deterioro físico notorio producto de la edad que tenía. Entre las campañas de medios de comunicación como el de Natalio Botana y su célebre diario Crítica; o el mito urbano del diario que le acercaban los colaboradores al presidente Yrigoyen; y el deterioro económico producto del crack del 29; la suerte del viejo líder estaba echada.
La sociedad y la economía también experimentaban cambios. Las migraciones internas del campo al cordón alrededor de la ciudad de Buenos Aires empezaban a adquirir su dinámica propia como consecuencia de la radicación creciente de industrias, formando un proletariado urbano que terminaría constituyéndose en actor central de la política argentina tras la movilización el 17 de octubre por la libertad de Juan Domingo Perón en 1945. Juan Carlos Portantiero, junto a Miguel Murmis, en sus Estudios sobre los orígenes del peronismo sería la obra que propondría tal hipótesis basada en que el proceso de industrialización por sustitución de importaciones implicó una modificación en la estructura económica que, a su vez, derivó en un cambio en las dimensiones sociopolíticas del país que promediaba el siglo XX. Dicha industrialización abarcó preponderantemente la llamada industria liviana que estaba abocada a la producción de bienes de consumo no durables, sin que esto vaya de la mano de un aumento en la inversión, sino más bien la ocupación de mano de obra intensiva y utilizando la capacidad instalada existente haciéndola producir al máximo nivel.
El golpe de 1930 tampoco sería un simple cambio en el régimen político. Si bien había dos tendencias diferenciadas, representadas por el dictador Uriburu que era partidario de reemplazar el sistema democrático por una representación corporativa -a tono con el ocaso de las democracias occidentales que fueron reduciéndose para dar lugar a los fascismos y autoritarismos imperantes en los años 30-; y por Agustín Pedro Justo, quien había sido ministro de Guerra del presidente Alvear y miembro prominente del antipersonalismo, que promovía una salida a través del voto popular poco tiempo después de excluida la figura de Yrigoyen; los cambios en la institucionalidad y en el modelo de gobierno para con la economía y la sociedad fueron más profundos. En 1935, por impulso de Raúl Prebisch, economista argentino y uno de los creadores de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 1948, se fundaría el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de regular la cantidad de crédito y dinero, acumular reservas de moneda internacional, constituirse en agente financiero del Estado y monopolizar la emisión de billetes y monedas. Así como en los Estados Unidos post crack del 29, el presidente Franklin Delano Roosevelt implementaría lo que se conoció como New Deal con el fin de reactivar el consumo y la inversión, además de reordenar el sistema financiero y productivo, que se caracterizó por el aumento en la presencia del Estado en la economía mediante la implementación de políticas públicas para obras y regulaciones de distinto tipo, en Argentina se daría un fuerte énfasis a la realización de obras públicas y de infraestructura. En paralelo a la antigua red de ferrocarriles, todavía en manos británicas por las concesiones existentes, se construirían rutas nacionales para comunicar los distintos puntos del país. También se crearía la Junta Nacional de Granos, encargada de regular el mercado y comercio de granos; entre otros órganos que marcaban una era intervencionista que se mantuvo más o menos incólume durante las siguientes décadas.
Si bien el fallecimiento de Yrigoyen el 1 de julio de 1933 resaltaría y reivindicaría su figura como líder popular de masas, el radicalismo se encontraba bajo un liderazgo como el de Alvear que no terminaba de encontrar el cauce natural para la lucha, que continuaba recurriendo a revoluciones rápidamente sofocadas. La represión contra los radicales, el uso de la picana eléctrica como instrumento de tortura por parte de Leopoldo Lugones hijo (h.) y el fraude patriótico como mecanismo que permitía a los conservadores de la década infame mantenerse en el poder, impedían una salida al estado de situación imperante. El fallecimiento, en 1942, de Alvear y de uno de los principales impulsores de la salida democrática dentro del régimen, Roberto Ortiz -vale recalcar, otro radical antipersonalista-, consolidaría los obstáculos en contra del voto popular. Recién en 1945, con la movilización obrera del 17 de octubre y las elecciones presidenciales de 1946 en las que triunfó Perón, darían lugar a una salida participativa. Pero esa es otra historia de una Argentina que llega, con sus contrapuntos, al 2023.