El Poder Ejecutivo Nacional aceptó una oferta para saldar una deuda que la empresa de la familia del presidente, Mauricio Macri, tiene con el Estado. La fiscal del fuero comercial Gabriela Boquin rechazó una propuesta presentada por Correo Argentino SA para pagar una deuda que mantiene con el Estado nacional desde 2001. Se trata de una obligación que la empresa, propiedad de la familia del presidente Mauricio Macri, contrajo mientras tenía la concesión del Correo.
El Grupo Macri obtuvo la concesión del Correo en 1997, siendo considerada una "privatización tardía", aunque el inicio se asemeja al resto de las privatizaciones encaradas en los primeros años de la década: mayor eficiencia y mejor servicio. En 2003, el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto de rescisión del contrato en el que señala que la empresa sólo cumplió con el pago del canon durante el primer año de concesión, alcanzando en 2001 la deuda del Correo con el Estado en concepto de canon a $296 millones, que en ese entonces equivalían a US$ 296 millones, ya que aún se encontraba vigente la ley de convertibilidad.
La causa judicial por la deuda que la empresa mantiene con el Estado se inició en septiembre de 2001, momento en el que la empresa entró en concurso de acreedores, es decir, cuando formalizó que no estaba en condiciones de cumplir con todos los pagos que adeuda.
Entre 2003 y 2015, Correo Argentino realizó distintas propuestas que fueron rechazadas por los representantes del Estado nacional, que es el acreedor mayoritario, con un 33 por ciento de las deudas. Sin embargo, en junio de 2016, ya con Macri en el sillón presidencial, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia de la empresa con los acreedores para lograr un acuerdo. Luego de una primera propuesta rechazada, los representantes del Estado aceptaron la segunda oferta presentada. ¿Qué proponía en ese momento la empresa? Ofertó el pago del “100% del capital verificado”, en referencia a los $296 millones, en “15 cuotas anuales y consecutivas” a pagar desde fines de 2017, esstableciendo por ello los siguientes plazos:
-El pago del 1% del capital en cada una de las primeras cuatro cuotas, de la 1 a la 4;
-el pago del 2% del capital en cada una de las cuatro cuotas siguientes, de la 5 a la 9;
-el pago del 3% del capital en cada una de las siguientes dos cuotas, cuotas 10 y 11;
-el pago del 15% del capital en cada una de las siguientes dos cuotas, cuotas 12 y 13;
-el pago del 20% del capital en la cuota 14;
-el pago del 30% del capital en la cuota 15; y
-en la cuota 16 fijó el pago de los intereses acumalados durante esos 15 años, con un interés anual de 7 por ciento.
Según los cálculos realizados por la Procuración General de la Nación, la suma de los intereses a pagar en la última cuota alcanza los $258 millones, por lo que sumados al capital pagado previamente, el monto total que recibiría el Estado a 2033 sería de $555 millones.
Pese a haber aceptado el Estado dicha propuesta, la misma no está vigente ya que se trata de un acuerdo de la empresa con los acreedores que debe ser homologado, todavía, por la Justicia Comercial. Hasta ahora sólo se expresó la fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, quien rechazó la oferta. De acuerdo con lo que establece la Ley de Concursos y Quiebras, todo está en manos ahora de las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero -presidenta del tribunal-, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi.
¿Qué dijo la fiscal? En su dictamen del 29 de diciembre de 2016, que dio a conocer ayer la Procuración, Boquin sostuvo que la propuesta es “abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”, y explicó que la empresa “se benefició con un estado de eterno concurso y logró suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores”.
De acuerdo con los cálculos de la Procuración, la propuesta realizada por el Correo contiene una quita del 98,82 por ciento. Para llegar a este cálculo, el organismo contabilizó los intereses y la diferencia en el tipo de cambio desde 2001 hasta 2016. Como en 2001 cada peso valía un dólar y en la actualidad el dólar cuesta $16, la Procuración sostiene que la cifra indexada a 2016 alcanza los $4,7 mil millones. Y agrega que extendiendo este cálculo a 2033 (fecha en que finalizaría el pago del Correo según su propuesta), el Estado dejaría de percibir una cifra cercana a los $70 mil millones.
El subsecretario de Regulación del Ministerio de Comunicaciones de la Nación, Oscar González, criticó el dictamen de la fiscal, explicando que la propuesta implica el pago del 100% del crédito inicial ($296 millones) y argumentó que, según la Ley de Concursos y Quiebras, el inicio de un concurso preventivo suspende los intereses de cualquier deuda anterior. Desde el Gobierno, además, se explicó que la ley de convertibilidad, que tiene algunos artículos vigentes, prohíbe la indexación de deudas.
Según la fiscal Boquin, para evaluar la “abusividad” de la propuesta debe “apreciarse la incidencia de los intereses posconcursales suspendidos”, es decir, los intereses del período 2001-2016 que, según el Gobierno, no deben ser contabilizados. Para la fiscal, la Ley de Concursos y Quiebras refiere a “suspensión” y no a “interrupción o condonación” de los intereses. Y citó algunos antecedentes de la Cámara Comercial en los que se aceptó este criterio.
En el mismo dictamen Boquin dio cuenta de una denuncia presentada por Correo Argentino contra el Estado el 13 de junio de 2016, dos semanas antes de la audiencia en la que se llegó al acuerdo entre las partes. En la denuncia, la empresa reclamó al Estado la falta de pago por inversiones realizadas durante el período de concesión y dos meses más tarde amplió la demanda por montos cercanos a los $2.300 millones, con un interés anual del 11 por ciento.
Según Boquin, la empresa “adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal” por no comunicar en la audiencia el inicio de esta demanda. Además, sostuvo que esta demanda “convierte en más abusiva aún la propuesta formulada al Estado nacional”, ya que mientras le ofrece un pago con un interés del 7% anual, “reclama al mismo acreedor un interés de 11 por ciento”.